Archivo mensual: septiembre 2015

La corrosión de la democracia

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Uno de los últimos escándalos que ha saltado a la opinión pública es el de los alquileres blindados contratados por el Ayuntamiento de Madrid en la época de Ruiz Gallardón. El negocio es redondo: se vende un local público a una gran empresa inmobiliaria por un precio de ganga y a continuación se alquila ese mismo local a dicha empresa por un precio abusivo, mediante un contrato blindado por muchos años. El saldo final es que la empresa recupera multiplicado por mucho el precio de compra. Es decir, la empresa se enriquece sin esfuerzo alguno, el Ayuntamiento se empobrece, los ciudadanos pagan el despilfarro, y todo resulta legal. Se ignoran de momento las contrapartidas, aunque es posible que se trate de un simple intercambio de favores, similar al que hemos visto tantas otras veces en los procesos de privatización de la sanidad pública.

La trama Gürtel ha revelado que muchas grandes empresas concesionarias de obra pública pagaban contrapartidas en negro al Partido Popular, aunque el mecanismo estaba tan bien diseñado que no se ha podido establecer, tal como exige la Ley, una relación causa-efecto entre cada concesión concreta y el pago de la correspondiente comisión. Las tramas de la Generalitat Catalana y sus comisiones del 3% funcionaban de forma parecida: las empresas beneficiarias hacían donaciones legales a una fundación privada, y el partido –Convergencia en este caso– las rescataba mediante trabajos simulados para la fundación. La trama Púnica, con epicentro en Valdemoro (Madrid), también obtenía contratos amañados por parte de numerosos ayuntamientos mediante el pago en negro de la correspondiente comisión.

En todos estos casos, el foco mediático se ha centrado en los políticos corruptos, y nada, o casi nada, en las empresas corruptoras. La impresión que queda en la opinión es que la corrupción existe porque hay personas malas que se meten en política para hacer negocio, y que la solución consistiría por tanto en elegir mejor a dichas personas, o en vigilarlas mejor durante el desempeño de sus funciones.

No se si interesadamente o no, pero en mi opinión el foco mediático está sesgado. Sin dejar de ser verdad lo que revela, no es ni mucho menos toda la verdad, y ni siquiera lo que revela es la mayor parte de la verdad. A mi juicio, las mas de las veces es el dinero, el gran dinero, el que corrompe a los políticos, y no los políticos los que inducen a corromperse a las empresas. Tenemos muchos ejemplos de lo que afirmo a lo largo de la historia. Uno ampliamente popularizado por el cine es el de las mafias del alcohol ilegal tras la Ley Seca norteamericana de los años 20 del siglo pasado. Dichas mafias movían tanto dinero, que podían comprar políticos, policías y jueces para evitar las detenciones, o las condenas. Otro ejemplo clásico es el de la mafia italiana, cuyos negocios inmobiliarios, de prostitución, de juego, etc. necesitan corromper a funcionarios de la administración, incluida la de justicia, para ser rentables. Más centrado en el tiempo presente, tenemos el caso de México, donde las mafias del narcotráfico obtienen tanto dinero, que su poder de corrupción ha conseguido hacer colapsar al mismo Estado. Es tanta la penetración de la misma, que al gobierno le resulta difícil encontrar policías y jueces fiables para combatirlo.

En España tenemos grandes empresas alrededor del negocio del ladrillo, que han ganado muchísimo dinero durante la burbuja inmobiliaria en base a recalificaciones de terrenos decididas por ayuntamientos mucho menos poderosos que ellas. La corrupción que se ha destapado y ha terminado en la justicia no es seguramente sino una mínima parte de todo lo que ha habido. También han sido beneficiarias de la gran obra pública realizada por el Estado en esos años. Al explotar la burbuja, esas mismas empresas reaparecen ahora como concesionarias de los servicios municipales de basura privatizados, o de contratos municipales de eficiencia medioambiental, o de alquileres de locales por parte de los municipios y de las comunidades autónomas. Es decir, el negocio sigue, pero por otros caminos. Tenemos derecho a dudar si son los políticos los que deciden libremente las privatizaciones, o si son esas empresas las que les presionan para hacerlas.

El conjunto de las administraciones públicas gestiona un presupuesto muy elevado, al que muchas empresas ven como un jugoso botín con el que pueden hacerse más fácilmente buscando atajos, en lugar de compitiendo limpiamente con otras empresas (y con más incertidumbre) en los concursos públicos. Los perjudicados de las prácticas corruptas somos los ciudadanos, que pagamos de más por los servicios que recibimos, pero también el resto de las empresas, que se ven abocadas, o bien a desaparecer, o bien a emplear las mismas prácticas para no quedar marginadas.

Todo ello configura un capitalismo muy diferente del que nos pintan los libros. En la teoría que se nos explica, la competencia entre las empresas está en la base misma del sistema, dando como resultado más eficiencia en la producción de bienes y menores precios para el consumidor. La práctica real sin embargo dista mucho de esa teoría. O bien las empresas, producto en muchos casos de la privatización de las empresas públicas, son monopolios en sectores donde resulta muy difícil entrar a nuevas empresas, tal como sucede en el sistema eléctrico, en la distribución de carburantes, o en el sector de la telefonía, o bien son empresas tan poderosas que tienen capacidad para corromper los débiles controles de la Administración. Basta fijarse en que, cuanto más débiles son esos controles (en los municipios y en las CC.AA.), más frecuente es la corrupción. Este capitalismo de amiguetes, cuyos orígenes se remontan como mínimo a la dictadura franquista, es muy probablemente una de las causas del atraso industrial de España, de la falta de innovación y de la poca inversión privada en I+D+i. Las empresas de éxito lo han sido con demasiada frecuencia más por sus relaciones privilegiadas con la política que por su capacidad para competir en el mercado.

La corrupción arruina el sistema económico, pero también corroe la democracia, e incluso puede acabar con ella, porque las decisiones políticas pueden llegar a estar gravemente condicionadas por el poder del dinero. Un buen ejemplo es el del monopolio eléctrico español, que nos impone los precios más abusivos de toda Europa. Ningún gobierno ha sido capaz de introducir competencia real en el mismo. Otro ejemplo es el de la voladura controlada del Estado del Bienestar a la que hemos asistido en estos años, que ha tenido mucho que ver con ese poder, ya que a consecuencia de dicho desmontaje se le abrían al mismo grandes oportunidades de negocio.

De momento son solo los políticos, pero más adelante los corrompidos podrían ser también los funcionarios, los policías o los jueces. La democracia debe blindarse contra el poder de ese gran dinero que ha buscado de forma continuada la ganancia fácil a costa de los demás y que ha hecho de las administraciones su blanco preferido. Las soluciones no son sencillas y afectan a la necesidad de poner más controles administrativos, a la de sustituir personal contratado a dedo por funcionarios, a aumentar la transparencia de las adjudicaciones, a seleccionar de modo más transparente las listas electorales de los partidos, etc. Pero es necesario adicionalmente apuntar el foco hacia las empresas: aquellas que estén involucradas en casos de corrupción, amén de las multas y de las condenas correspondientes, deben ser inhabilitadas fulminantemente para contratar con las administraciones, al menos durante un largo periodo. Solo de esta forma se les terminará la tentación de buscar atajos. De este modo no solo defenderemos a la democracia, es decir la preeminencia de la política sobre el dinero, sino también a nuestro tejido productivo, haciéndolo más eficiente e innovador, y en definitiva defenderemos al país, que en su conjunto saldrá ganando.

Ricardo Peña

Secretario General de ASU-PSOE-M

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