La cuestión territorial en la reforma constitucional

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Parece claro a estas alturas que la próxima legislatura va a abordar por fin la reforma de la Constitución. Hasta el PP se ha apuntado a la misma, como siempre tarde, mal, por puro cálculo electoral y a rastras de los demás. Los nuevos partidos también exigen reformas, sobre todo en el tema electoral. Por tanto, la próxima legislatura va a ser constituyente. Una razón añadida para elegir muy bien el voto porque nos jugamos mucho en ella. Además de otras cuestiones muy importantes como el programa económico y en particular la lucha contra el desempleo y contra la desigualdad, la recuperación del Estado del Bienestar, la reforma fiscal y el modelo de Europa, nuestro partido planteará en su programa una reforma constitucional que incluirá una reforma territorial en un sentido federal.

También es una razón más para que los partidos afinemos nuestro programa electoral y el tipo de reforma que queremos hacer. En el tema territorial el PSOE hemos lanzado ya algunos globos sonda, como que se ha de reconocer la “singularidad de Cataluña”, o el hablar tímidamente de un pacto fiscal con ella, y el que algunas voces dentro del PSC planteen el reconocimiento de Cataluña como nación. Ha llegado ya el momento de ser muy precisos en lo que queremos proponer, o al menos en enunciar nuestras líneas rojas para que los ciudadanos sepan lo que votan. Ni nosotros ni otros partidos podemos pedirles cheques en blanco en esta cuestión.

En otra entrada de este blog he explicado la compleja formación histórica de la nación que hoy llamamos España en base a fusiones matrimoniales de reinos, a la recuperación de territorios ocupados por los musulmanes, y en algún caso (como el del reino de Navarra) mediante la conquista militar. Reinos que habían vivido varios siglos independientes los unos de los otros, con legislaciones, lenguas y fueros diversos. La construcción del estado moderno se inicia hacia 1700 con el primer Borbón, pero las tensiones nacionalistas como hoy las conocemos no aparecen hasta dos siglos más tarde, hacia 1890, que es cuando surgen los primeros partidos territoriales, llamados entonces regionalistas, como el PNV y la Lliga Catalana.

Las tensiones independentistas en el mundo han obedecido a diversas causas. En unos casos, a haber sido en el pasado territorios independientes y ser posteriormente conquistados por otra potencia. Tal es el caso de Quebec en Canadá, o de Escocia en el Reino Unido, o de diversas partes de la antigua Yugoslavia, hoy convertidas de nuevo en estados independientes. No parece ser ese el caso de nuestro País Vasco y de Cataluña, que nunca fueron reinos autónomos, ni fueron conquistados militarmente. La razón más frecuente suele ser la mayor pujanza económica de un territorio en relación con la del estado que lo contiene. Tales son los casos del Punjab en la India, de Baviera en Alemania, o de las regiones ricas del norte de Italia. También parecen ser los casos de Cataluña y el País Vasco. Además de existir una base cultural, lingüística, e incluso étnica en el caso del País Vasco, el sentimiento independentista parte del convencimiento de que a su territorio le iría mejor económicamente estando separados que estando junto al resto de una España a la que consideran más improductiva, más inculta y más pobre.

Ese sentimiento se exacerba y gana adeptos en los periodos históricos en que los gobiernos centrales han sido más incompetentes y corruptos, o han impuesto sacrificios insoportables a los territorios, como es el caso de la actual crisis. Por eso, el mejor modo de combatir el independentismo es en mi opinión ofrecer un proyecto de país que sea ilusionante, que apueste por la productividad, que potencie el conocimiento y la cultura, que combata eficazmente la corrupción y que reduzca al mínimo los sacrificios. Razonando en sentido inverso, mostrando además que la separación comportaría mas sacrificios que ventajas a ambas partes y que el permanecer juntos genera mucho más bienestar que el que pueden obtener la suma de las partes. Se trata en cualquier caso de una labor de seducción a largo plazo. Cuantos más hechos positivos se acumulen en esa dirección, menos adeptos tendrá la causa independentista. Las campañas y ataques del PP contra Cataluña han ido justo en sentido contrario al que se necesita. Han colaborado a la seducción inversa, a la que los nacionalistas e independentistas han ejercido sobre los descontentos de la situación actual.

Por tanto, la reforma territorial no debe hacerse en mi opinión para “resolver” los problemas catalán o vasco, sino para ofrecer un proyecto de país que sea ilusionante, razonable, equitativo y cómodo para todos los territorios. Los independentistas no se van a dar por satisfechos con este ni con ningún otro proyecto, porque lo único que saciaría sus deseos es la secesión. Pero a quien hay que ganar no es a ellos, sino a los que ellos han seducido para su causa en esta época de dificultades y de inacción del gobierno central.

Entrando ya en los aspectos concretos de la reforma, y en base a lo dicho, considero que no se debe hablar más de un pacto fiscal para Cataluña. Se debería hablar en cambio de unos criterios comunes para un modelo de financiación territorial. Entre esos criterios ha de estar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y por tanto los recursos per cápita que deben recibir para sanidad, educación y servicios sociales han de ser esencialmente los mismos. Se podría aceptar el llamado principio de ordinalidad (una región donante neta no debe recibir menos recursos per cápita que una región receptora neta) siempre que se pongan unos límites al mismo. En el reparto actual, la región que más recibe per cápita, lo hace en un 40% más que la que menos recibe. A mi juicio este abanico es excesivo y debería reducirse a un 10% o un 15% de sobre-financiación, y siempre que no sea para pagar servicios básicos. Con esos límites, una región más rica podría recibir alguna financiación extra con respecto a otras menos ricas, lo que introduciría un cierto factor de competencia entre territorios.

Otro criterio común es la caja de la Seguridad Social que en opinión de los socialistas debe seguir siendo única. El modelo de pensiones que tenemos supone a la vez una solidaridad inter-generacional y entre los diferentes niveles de renta. Partirla por territorios supondría que la cuantía de la pensión para una cotización dada sería distinta dependiendo del lugar donde se nazca, ya que las regiones ricas contribuirían con cotizaciones más altas, y ello rompería una vez más la igualdad de derechos de ciudadanía.

Siempre que se preserve lo anterior, no veo inconveniente en reconocer todos los hechos diferenciales o singularidades históricas que se estimen oportunos, sean estos referidos a la cultura, a la lengua, al derecho civil o a la diferente asunción de competencias. Como he dicho al principio, España es una nación compleja, con territorios que han tenido historias muy diversas, y el objetivo es que todos ellos se sientan cómodos y reconocidos en su diversidad. Si unos tienen algunas leyes diferentes, o una lengua adicional a la común de los españoles, eso no introduce desigualdad sino más bien riqueza y variedad. Si unos son más eficaces que otros a la hora de gestionar sus competencias y los recursos recibidos, mejor para sus habitantes, pero el principio básico es que el Estado ha de tratarlos a todos por igual. A diferencia de lo que ocurre en Matemáticas, en la vida social ser diferente no implica ser desigual.

Ricardo Peña

Secretario General de ASU-PSOE-M

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