Archivo mensual: agosto 2015

La cuestión territorial en la reforma constitucional

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Parece claro a estas alturas que la próxima legislatura va a abordar por fin la reforma de la Constitución. Hasta el PP se ha apuntado a la misma, como siempre tarde, mal, por puro cálculo electoral y a rastras de los demás. Los nuevos partidos también exigen reformas, sobre todo en el tema electoral. Por tanto, la próxima legislatura va a ser constituyente. Una razón añadida para elegir muy bien el voto porque nos jugamos mucho en ella. Además de otras cuestiones muy importantes como el programa económico y en particular la lucha contra el desempleo y contra la desigualdad, la recuperación del Estado del Bienestar, la reforma fiscal y el modelo de Europa, nuestro partido planteará en su programa una reforma constitucional que incluirá una reforma territorial en un sentido federal.

También es una razón más para que los partidos afinemos nuestro programa electoral y el tipo de reforma que queremos hacer. En el tema territorial el PSOE hemos lanzado ya algunos globos sonda, como que se ha de reconocer la “singularidad de Cataluña”, o el hablar tímidamente de un pacto fiscal con ella, y el que algunas voces dentro del PSC planteen el reconocimiento de Cataluña como nación. Ha llegado ya el momento de ser muy precisos en lo que queremos proponer, o al menos en enunciar nuestras líneas rojas para que los ciudadanos sepan lo que votan. Ni nosotros ni otros partidos podemos pedirles cheques en blanco en esta cuestión.

En otra entrada de este blog he explicado la compleja formación histórica de la nación que hoy llamamos España en base a fusiones matrimoniales de reinos, a la recuperación de territorios ocupados por los musulmanes, y en algún caso (como el del reino de Navarra) mediante la conquista militar. Reinos que habían vivido varios siglos independientes los unos de los otros, con legislaciones, lenguas y fueros diversos. La construcción del estado moderno se inicia hacia 1700 con el primer Borbón, pero las tensiones nacionalistas como hoy las conocemos no aparecen hasta dos siglos más tarde, hacia 1890, que es cuando surgen los primeros partidos territoriales, llamados entonces regionalistas, como el PNV y la Lliga Catalana.

Las tensiones independentistas en el mundo han obedecido a diversas causas. En unos casos, a haber sido en el pasado territorios independientes y ser posteriormente conquistados por otra potencia. Tal es el caso de Quebec en Canadá, o de Escocia en el Reino Unido, o de diversas partes de la antigua Yugoslavia, hoy convertidas de nuevo en estados independientes. No parece ser ese el caso de nuestro País Vasco y de Cataluña, que nunca fueron reinos autónomos, ni fueron conquistados militarmente. La razón más frecuente suele ser la mayor pujanza económica de un territorio en relación con la del estado que lo contiene. Tales son los casos del Punjab en la India, de Baviera en Alemania, o de las regiones ricas del norte de Italia. También parecen ser los casos de Cataluña y el País Vasco. Además de existir una base cultural, lingüística, e incluso étnica en el caso del País Vasco, el sentimiento independentista parte del convencimiento de que a su territorio le iría mejor económicamente estando separados que estando junto al resto de una España a la que consideran más improductiva, más inculta y más pobre.

Ese sentimiento se exacerba y gana adeptos en los periodos históricos en que los gobiernos centrales han sido más incompetentes y corruptos, o han impuesto sacrificios insoportables a los territorios, como es el caso de la actual crisis. Por eso, el mejor modo de combatir el independentismo es en mi opinión ofrecer un proyecto de país que sea ilusionante, que apueste por la productividad, que potencie el conocimiento y la cultura, que combata eficazmente la corrupción y que reduzca al mínimo los sacrificios. Razonando en sentido inverso, mostrando además que la separación comportaría mas sacrificios que ventajas a ambas partes y que el permanecer juntos genera mucho más bienestar que el que pueden obtener la suma de las partes. Se trata en cualquier caso de una labor de seducción a largo plazo. Cuantos más hechos positivos se acumulen en esa dirección, menos adeptos tendrá la causa independentista. Las campañas y ataques del PP contra Cataluña han ido justo en sentido contrario al que se necesita. Han colaborado a la seducción inversa, a la que los nacionalistas e independentistas han ejercido sobre los descontentos de la situación actual.

Por tanto, la reforma territorial no debe hacerse en mi opinión para “resolver” los problemas catalán o vasco, sino para ofrecer un proyecto de país que sea ilusionante, razonable, equitativo y cómodo para todos los territorios. Los independentistas no se van a dar por satisfechos con este ni con ningún otro proyecto, porque lo único que saciaría sus deseos es la secesión. Pero a quien hay que ganar no es a ellos, sino a los que ellos han seducido para su causa en esta época de dificultades y de inacción del gobierno central.

Entrando ya en los aspectos concretos de la reforma, y en base a lo dicho, considero que no se debe hablar más de un pacto fiscal para Cataluña. Se debería hablar en cambio de unos criterios comunes para un modelo de financiación territorial. Entre esos criterios ha de estar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y por tanto los recursos per cápita que deben recibir para sanidad, educación y servicios sociales han de ser esencialmente los mismos. Se podría aceptar el llamado principio de ordinalidad (una región donante neta no debe recibir menos recursos per cápita que una región receptora neta) siempre que se pongan unos límites al mismo. En el reparto actual, la región que más recibe per cápita, lo hace en un 40% más que la que menos recibe. A mi juicio este abanico es excesivo y debería reducirse a un 10% o un 15% de sobre-financiación, y siempre que no sea para pagar servicios básicos. Con esos límites, una región más rica podría recibir alguna financiación extra con respecto a otras menos ricas, lo que introduciría un cierto factor de competencia entre territorios.

Otro criterio común es la caja de la Seguridad Social que en opinión de los socialistas debe seguir siendo única. El modelo de pensiones que tenemos supone a la vez una solidaridad inter-generacional y entre los diferentes niveles de renta. Partirla por territorios supondría que la cuantía de la pensión para una cotización dada sería distinta dependiendo del lugar donde se nazca, ya que las regiones ricas contribuirían con cotizaciones más altas, y ello rompería una vez más la igualdad de derechos de ciudadanía.

Siempre que se preserve lo anterior, no veo inconveniente en reconocer todos los hechos diferenciales o singularidades históricas que se estimen oportunos, sean estos referidos a la cultura, a la lengua, al derecho civil o a la diferente asunción de competencias. Como he dicho al principio, España es una nación compleja, con territorios que han tenido historias muy diversas, y el objetivo es que todos ellos se sientan cómodos y reconocidos en su diversidad. Si unos tienen algunas leyes diferentes, o una lengua adicional a la común de los españoles, eso no introduce desigualdad sino más bien riqueza y variedad. Si unos son más eficaces que otros a la hora de gestionar sus competencias y los recursos recibidos, mejor para sus habitantes, pero el principio básico es que el Estado ha de tratarlos a todos por igual. A diferencia de lo que ocurre en Matemáticas, en la vida social ser diferente no implica ser desigual.

Ricardo Peña

Secretario General de ASU-PSOE-M

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La desvergüenza

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En las últimas semanas hemos apreciado una aceleración de la desvergüenza del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Nunca ha sido D. Mariano un paradigma de demócrata, y de ello nos ha dado sobradas pruebas, tanto en la oposición como en el Gobierno. Recordemos cuando utilizaba el terrorismo de ETA para atacar a Rodríguez Zapatero, o cuando se rasgaba las vestiduras porque subía un 1% el IVA de “los chuches” y un año más tarde lo subía él algunos puntos más. O cuando prometió un programa electoral y ejecutó justo el contrario. Nunca le costó cambiar de opinión cuando así convenía a los intereses de su partido. Es un todo-terreno similar a los sofistas griegos, unos profesionales de la oratoria que se alquilaban por dinero para defender cualquier causa, y también su contraria. En el curso que aparentemente constituye la base de su educación democrática, “La democracia en 100 palabras” del profesor Maurer, no le dio tiempo a saber lo que es la asunción de responsabilidades políticas, o el respeto a la palabra dada, o a distinguir una mayoría absoluta de una relativa. Podríamos decir que su principal virtud es la de resistir a toda costa, aunque para ello deba cambiar camaleónicamente de piel varias veces en el transcurso de unos meses. Sus principios son tan volátiles como los de Groucho Marx. El único del que no prescinde nunca es el de mantenerse en el poder a toda costa.

Viene este desahogo a cuento de las recientes decisiones tomadas por el Presidente, a la luz de los resultados desfavorables que para su partido pronostican las encuestas. La más importante, la de presentar a toda prisa unos Presupuestos del Estado para 2016. Nuestra Constitución establece que la Ley de Presupuestos corresponde al Gobierno de turno, por ser esta el instrumento principal en el que se plasma su política. Pero dicha ley tiene una duración de un año y los gobiernos gobiernan cuatro. Se entiende por tanto que tienen derecho a elaborar y ejecutar cuatro leyes de presupuestos, pero no cinco. Hacer una ley que no van a ejecutar durante su mandato legal es una intromisión inadmisible en los derechos del siguiente gobierno, aún cuando ese hipotético gobierno pudieran ser ellos mismos. Es simplemente un derecho que no les corresponde. De hecho, ningún gobierno anterior, incluso de su propio partido, se ha atrevido a hacer algo semejante. Pero, siguiendo el criterio pragmático de que el fin justifica los medios, D. Mariano ha violado una vez más los principios democráticos más elementales, y ha decidido no solo elaborar la ley, sino hacer de ella su principal instrumento de propaganda electoral.

Y así, con unos dineros que no le corresponde gestionar, promete dádivas y premios a los diversos colectivos que quiere atraer hacia su partido. Por ejemplo, ha decidido comprometer una partida para subir un 1% el sueldo a los funcionarios, y otras para aumentar un 7,3% los presupuestos de Cultura (subida en la que se incluye un 14% más para el Cine), un 3,6% los de Sanidad, un 6% los de Dependencia, y un 2,2% los de la I+D civil. Independientemente de que sea justo o no realizar estas subidas, resulta indignante el mero enunciado de las mismas, en primer lugar porque está comprometiendo unos dineros que tienen derecho a gestionar otros, los cuales podrían decidir esas subidas u otras distintas. Es decir, está disparando con “pólvora del Rey”, que según sabemos no cuesta un céntimo. Pero también, por lo que representa de caciquismo prometer subidas a escasos meses de unas elecciones. La intención de sobornar las conciencias es meridiana y eso constituye una práctica política deleznable, que debería estar prohibida, y que nos retrotrae a lo peor de nuestra historia plagada de señoritos y caciques. La desvergüenza de nuestro Presidente lo es por tanto por partida doble. Dicho sea de pasada, estimo como funcionario que subir el sueldo un 1%, tras una pérdida de poder adquisitivo en torno al 25% durante estos cinco años de bajadas y congelaciones, resulta un soborno bastante ridículo. Si alguien cambia su voto debido a ello, es que tiene su autoestima por los suelos. También resulta ridículo prometer un aumento del 2,2% para la I+D civil, cuando esta ha sufrido recortes del orden del 40% en estos cinco años. Con esa “subida”, apenas recuperaríamos los niveles de inversión de 2006.

La última guinda de la desvergüenza de D. Mariano la constituye el nombramiento del ex-ministro Wert como embajador de España ante la OCDE. La única razón para ello es la conveniencia del propio Wert, al que le interesaba residir en París para acompañar a su esposa, recientemente nombrada alto cargo de la OCDE. Sueldo de 10.000 euros al mes, piso de 500 metros cuadrados gratis en el centro de París, servicio doméstico y chofer oficial para un señor cuyos conocimientos y experiencia diplomáticos se reducen a la más absoluta nada. De nuevo dispara el Presidente con pólvora del Rey, porque esos privilegios los pagamos entre todos, y de nuevo se trata de una violación de derechos, porque los ciudadanos tenemos el derecho democrático a que los cargos públicos los ocupen las personas más competentes posibles. No es la primera vez que lo hace: recordemos el nombramiento del ex-ministro Trillo, también con nulos méritos diplomáticos, como embajador de España en Londres. Si el PSOE llega al Gobierno, tendrá que legislar para evitar en el futuro estos pagos en especie a los colaboradores fieles con los recursos de todos.

Lo terrible de la desvergüenza del Presidente es que nos alcanza a todos. Que la persona particular Mariano Rajoy sea un desvergonzado no deja de ser una anécdota, cuando nos consta que hay miles de desvergonzados como él. Lo terrible es que esa desvergüenza se ejerza desde un cargo preeminente, que concentra la mirada de todos los españoles. Lo terrible es que transmite unos modelos de comportamiento y unos mensajes que son demoledores para la democracia: el mensaje de que todo vale para conseguir el beneficio propio o del clan, el mensaje de que ser fiel al jefe reporta más beneficios que ser un profesional competente, el mensaje de que a las personas se las puede comprar por un poco de dinero, el mensaje de que los principios se cambian a conveniencia, y el mensaje de que los políticos sirven a sus propios intereses. ¿Cómo se puede construir una convivencia, un respecto a las leyes y una confianza en las instituciones sobre estas premisas?

Ricardo Peña

Secretario General de ASU-PSOE-M

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Por sus hechos les conoceréis

Graffiti

Las coaliciones electorales ligadas a Podemos han conseguido el gobierno de muchos municipios, entre ellos los de cinco capitales de provincia, que de algún modo representan el buque insignia de sus políticas: Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña y Cádiz. Desde mediados de junio, en que se constituyeron los nuevos gobiernos municipales, han pasado casi dos meses, un tiempo suficiente para evaluar hacia donde apuntan dichas políticas.

Lo que hemos visto hasta ahora supone un predominio absoluto de la gestualidad, de la política de gestos. Sean bienvenidos algunos de ellos, como el de la renuncia a los coches oficiales, el de bajarse los sueldos, o el de prescindir del gran número de asesores nombrados a dedo que eran la tónica de los gobiernos populares. Dichos gestos indican otra sensibilidad hacia el uso de los recursos públicos que entre todos sufragamos con gran esfuerzo. Pero junto a estos, también ha habido gestos de otra índole. Por ejemplo, el de la creación de la página web municipal Versión Original por parte de Madrid. Este asunto, convenientemente explotado por la prensa conservadora a la que encantan este tipo de “filones”, ha tenido enredado al gobierno municipal y a su soporte el PSOE de Madrid no pocas semanas. En Barcelona, la alcaldesa ha decidido retirar el busto del Rey Juan Carlos del Salón de Plenos y su gobierno municipal argumenta que “Barcelona tiene una larga tradición republicana no suficientemente reconocida”. De paso, la alcaldesa aprovecha para anunciar que no asistirá a la misa de las fiestas de la Virgen de la Mercè, patrona de Barcelona. Zaragoza por su parte, cambia el nombre del pabellón municipal Príncipe Felipe por el de un entrenador de baloncesto y en Cádiz y en otros ayuntamientos se adoptan decisiones similares contra los símbolos monárquicos.

A partir de estos gestos intuimos que a estas coaliciones no les gusta la prensa conservadora, ni son partidarios de la Monarquía, ni de la Iglesia, es decir, que en general son bastante “progres”. Pues bien, nos damos por enterados, estamos encantados de que sean tan progres, bienvenida sea la progresía. Pero ahora, permítannos una pequeña pregunta: ¿Qué hay de lo nuestro? Los ciudadanos les votamos para que resolvieran nuestros problemas, y estos son unos cuantos. Lo de hacer alarde de progresía, déjenlo por favor para su tiempo libre, pero su jornada laboral dedíquenla en lo posible a gobernar nuestros municipios.

Les pongo un ejemplo: Madrid es una ciudad muy sucia, producto entre otras razones de las políticas privatizadoras del PP. Ya se que han dicho que en setiembre pondrán en marcha un plan de choque, pero en mi opinión esta debería haber sido su primera prioridad, muy por delante de la de su página web. El tiempo que han dedicado a esta hubiera sido valiosísimo para precisar aquel plan de choque. Pero es que, además, la limpieza de una ciudad es el balance de dos fuerzas contrapuestas: las que limpian y las que ensucian. ¿No ha llegado quizás el momento de mejorar el civismo de nuestros convecinos? Con unos vecinos más educados tal vez no sería necesaria tanta limpieza. El Ayuntamiento es una plataforma ideal para lanzar campañas de concienciación en este sentido. También para reducir mediante la vigilancia y las medidas punitivas a los que no se dejen seducir por las mencionadas campañas. El descenso de los fallecidos en carretera desde 5.000 personas al año a 1.600 durante el periodo en que Alfredo Pérez Rubalcaba fue Ministro del Interior es para mi el mejor ejemplo de cómo una adecuada combinación de campañas educativas y elementos punitivos puede modificar en sentido positivo el comportamiento de una población. En eso, y no en gestos hacia la galería, consiste en mi opinión la buena política.

Les pongo otro ejemplo: de las 1.500 bicicletas del servicio BiciMad, aproximadamente un tercio han sido robadas u objeto de vandalismo en los pocos meses que el servicio lleva funcionando. ¿No les parecen demasiadas? ¿No hay ahí otro problema latente por el que hemos pasado de puntillas todos estos años? En Madrid hay muy poco respeto por la propiedad ajena, en especial por la propiedad pública. Se roban los árboles de sus alcorques, los paneles de las paradas de autobús, se arrancan los bancos de las calles, muchas veces por la gracia de llevárselos al chalet. Los graffiti son tantos como los cierres metálicos de los comercios (quiero decir que es imposible encontrar un cierre sin su correspondiente graffiti), las papeleras aparecen vandalizadas cada mañana, los espejos de muchos coches destrozados, y así hasta un sinfín de comportamientos contra la propiedad pública o privada. ¿Hemos de aceptar este grado de incivismo sin inmutarnos? ¿No hay aquí un campo para la reflexión y para diseñar políticas municipales que disminuyan el problema? Siempre he pensado que entre los valores de la izquierda estaba el de la civilidad, el de conseguir eliminar el salvajismo de origen de la condición humana y el de acercarnos a cotas cada vez mayores de conocimiento, cultura y respeto por nuestros semejantes. Y estos gobiernos se dicen de izquierdas.

Espero que la política de gestos sea tan solo una enfermedad infantil, producto de la bisoñez de los nuevos gobiernos y que, pasado un tiempo, se aborden con solvencia los problemas que de verdad interesan a los ciudadanos. Si no es así, entonces tendrán razón los conservadores y habremos de pensar que estas fuerzas no son útiles para gestionar lo público, y que solo crean más problemas de los que resuelven. Igual de rápido que han despertado grandes esperanzas, podrían también despertar grandes decepciones y la ciudadanía podría prescindir de ellos como lo ha hecho de los gobiernos corruptos del PP.

Pero de lo que no cabe duda es de que les conoceremos por sus hechos, no por sus gestos.

Ricardo Peña

Secretario General de ASU-PSM

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