Archivo mensual: diciembre 2014

La Universidad, un debate necesario y urgente

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Durante este mes de diciembre, se han sucedido en EL PAÍS varios artículos bajo el epígrafe genérico de “chequeo a la enseñanza superior”, que han glosado fundamentalmente las insuficiencias de nuestra universidad pública. También se han publicado en la Cuarta Página sendos artículos críticos sobre el tema, del escritor Félix de Azúa y del profesor Francesc Carreras.

Resulta triste constatar que la mayor parte de las veces las criticas a la universidad se hacen desde una posición muy cercana al resentimiento: se arroja suciedad sobre el sistema universitario sin orden ni concierto, ni pretensión alguna de rigor, sino tan solo con el deseo de señalar defectos, o de desahogarse de un malestar que se adivina profundo. Algunas frases del artículo de Azúa son ilustrativas de este estilo descalificador: “la Universidad está tan corrompida como las finanzas”, “nadie se atreverá a limpiar estos establos”, “un profesor universitario es un funcionario aún más irresponsable si cabe”, “no obedece al menor control”. En la segunda de las entregas, la reportera extrapola el resultado de un experimento limitado (asistir a algunas clases durante una semana) para sacar conclusiones generales sobre el incumplimiento o la baja calidad docente de los profesores. El propio título de la entrega, “ser mal profesor sale barato”, es ya indicativo del material que uno se va a encontrar dentro.

Afortunadamente, en otra de las entregas se reconoce que la inversión que la sociedad ha hecho en la universidad y en la investigación ha estado siempre muy por debajo de la de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, Dinamarca dedica el 1,9% de su PIB a la enseñanza superior y el 3,5% a la I+D. Las cifras correspondientes en España son el 1,1% y el 1,3% respectivamente. En euros, deberíamos invertir 8.000 millones más en la universidad cada año y 22.000 millones más en I+D para estar en los mismos parámetros.

Por tanto y simplificando, podríamos decir que el resentimiento es mutuo: la sociedad acusa a la universidad de estar muy mal situada en los rankings internacionales, y la universidad acusa a la sociedad de invertir en ella mucho menos que otros países y que es por tanto cínico pedirle los mismos rendimientos. Si se la financia como a un Seat Ibiza, no se le pueden pedir las prestaciones de un Ferrari. Estamos pues encerrados en una suerte de círculo vicioso según el cual una parte de la sociedad (notablemente, la derecha política) no está dispuesta a invertir un euro más en la universidad pública porque piensa que es dinero perdido y a la vez la universidad carece de los recursos y los estímulos suficientes para mejorar por sí misma.

Si realmente se quiere contribuir a la mejora de la universidad pública y no a su destrucción (intención que no hay que descartar, dados los enormes intereses privados en juego) lo primero a corregir sería huir de las anécdotas y los exabruptos y hacer análisis rigurosos basados en datos contrastados. Todos tenemos una visión parcial de la universidad si nos atenemos tan solo a nuestra experiencia inmediata. Lo segundo sería comparar estos datos con los de los países de nuestro entrono, y lo tercero, compararlos con los mismos datos de nuestro país treinta años atrás. De este modo sabríamos con precisión dónde estamos, de donde venimos y adonde queremos dirigirnos. Porque si es verdad que estamos retrasados con respecto a otros países de la OCDE, también lo es que hemos progresado exponencialmente desde la llegada de la democracia, tanto en cantidad como en calidad. Por ejemplo, en 1985 éramos el país 23º en número de publicaciones científicas de impacto, mientras que en 2012 hemos pasado a ser el 9º.

Una vez conocidos los datos, es necesario un diagnóstico certero sobre cuáles son las principales deficiencias. En los artículos citados y en trabajos más rigurosos (véase por ejemplo el número 239 de la revista TEMAS, dedicado íntegramente a la universidad), se insiste reiteradamente en las mismas cuestiones: el deficiente sistema de selección del profesorado, con la recurrente acusación de endogamia, el sistema de gobierno de la universidad, acusado a su vez de corporativo, y la falta de rendición de cuentas y de mecanismos que penalicen los incumplimientos.

Los que estamos dentro del sistema percibimos la otra cara de la moneda: que esencialmente da lo mismo ser un competente docente e investigador que no serlo, porque el sistema trata a todos por igual. Los que hacen bien su trabajo, lo hacen por vocación, y no porque esperen un reconocimiento. Una universidad no puede decidir pagar sueldos ni complementos distintos a sus profesores de igual categoría, ni contratar a un renombrado investigador internacional por cualquier cantidad. Ni despedir a los que incumplen, si son funcionarios. Es decir, tenemos un sistema con muy pocos elementos competitivos, que esencialmente se reducen a los sexenios de investigación y a la obtención de financiación vía proyectos. En la cuestión docente, la realización de encuestas por parte de los alumnos es voluntaria en la mayoría de las universidades y las consecuencias en los casos de baja calidad son prácticamente nulas. Por lo que ser un buen docente pasa de ser una obligación a convertirse en una elección personal.

Parece claro que habría que aumentar tanto la financiación como los ingredientes competitivos del sistema, por lo que diseñar un modelo en el que una parte de la financiación vaya a las personas, grupos, departamentos, facultades y universidades que mejor cumplan su cometido, podría ser parte de la solución. Esa financiación por objetivos a su vez incidiría positivamente en la selección del profesorado porque los grupos, departamentos, facultades y universidades estarían muy interesadas en contratar a los mejores candidatos con el fin de conseguir esos beneficios adicionales. Lo cual no obsta para mejorar el sistema de selección introduciendo ingredientes que mejoren la movilidad del profesorado y la competencia entre universidades.

El sistema de gobierno de las universidades es una cuestión más delicada porque, si bien es cierto que la autonomía completa en la elección de los órganos y cargos representativos tiene mucho de corporativo, y por tanto de defensa de intereses espurios, la designación directa de los mismos por parte del poder político sería un desastre anunciado, dadas las condiciones actuales de nuestro país. Hemos visto a los partidos políticos colonizar la televisión pública, los órganos de gobierno del poder judicial, las cajas de ahorro, las agencias estatales de supervisión, y el Tribunal Constitucional. En todos los casos ha primado el interés partidista sobre la competencia y mérito de las personas seleccionadas. Mientras este estado de cosas no cambie, poner en manos del gobierno comunitario de turno la designación del Rector o del Consejo de Gobierno sería un suicidio para la universidad. Habría que pensar en un sistema de doble refrendo en el que el mundo académico propusiera candidatos y el poder político o social decidieran, o a la inversa. La fórmula debería conseguir la elección de las personas más competentes posibles, menos sesgadas políticamente, y que gozaran de una mínima aceptación por parte de sus futuros gobernados. En cualquier caso, la rendición de cuentas y el control social deberían estar garantizados, habida cuenta de que la mayor parte de la financiación de la universidad proviene de la sociedad. En contrapartida, la autonomía de la universidad para auto-gobernarse debería ser mayor que hasta ahora y no estar sujeta al marasmo actual de regulaciones políticas.

Finalmente, habría que ir a una unificación de tasas de matrícula que acabara con el desbarajuste actual de 17 sistemas distintos propiciado por la incompetencia del ministro Wert. A la vez habría que diseñar un sistema de becas que garantizara no solo la igualdad de oportunidades, sino también la movilidad de los estudiantes. Este sería un nuevo factor que haría a las universidades competir por los mejores estudiantes, y como efecto lateral beneficioso, contribuiría a mejorar la selección de su profesorado.

En cualquier caso, el estado actual de cosas no puede continuar, porque no avanzar en un mundo global significa retroceder. Ni tampoco se trata de poner de nuevo el sistema patas arriba con una regulación legislativa más, hecha desde un solo partido, que se sume a las muchas que ya llevamos. Después de las próximas elecciones, y una vez librados de la mayoría absoluta del Partido Popular que tan lesiva ha sido para la universidad, deberíamos iniciar un debate sosegado y profundo, con la participación de toda la sociedad y de los estamentos universitarios, sobre el tipo de reformas a acometer. Deberíamos también alcanzar unos consensos mínimos, tanto en la cuantía anual del gasto universitario como en el modelo de financiación, de forma que lo que se decidiera no estuviera sujeto a la coyuntura política o económica. Este debate es tan necesario como urgente. Solo después del mismo se podrá avanzar sobre bases firmes para alcanzar la universidad de calidad que todos deseamos.

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

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