Presunción de corruptibilidad

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Desde la última entrada, dedicada precisamente a la regeneración, se han sucedido dos nuevos escándalos de corrupción: el caso Púnica, consistente en una trama de empresas y cargos municipales por los que estos cobraban comisiones a cambio de adjudicaciones amañadas a aquellas, y el caso Monago-Muñoz, políticos que realizaron decenas de viajes privados a Canarias, pagados respectivamente con cargo al Senado y al Congreso de los Diputados.

En el primero, encabezadas por el que fue hasta hace dos años número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, han sido detenidas más de cincuenta personas, la mayoría vinculadas al PP. También hay dos alcaldes socialistas, uno de ellos el alcalde de Parla, Jose María Fraile, antiguo número dos de Tomas Gómez cuando él era alcalde allí. En el segundo, los protagonistas son el actual presidente de Extremadura, Jose Antonio Monago, y un diputado por Teruel, ambos del PP.

Con respecto a este último caso, y con ser grave el asunto, más graves aún han sido la ausencia de explicaciones por parte del presidente extremeño y el cierre de filas en torno suyo de la cúpula del PP, que incluso le dedicó una ovación. No hablemos ya de dimitir, a lo que se ha negado rotundamente. Una desvergüenza la malversación del señor Monago, una vergüenza doble el no asumir sus culpas, y una vergüenza triple la tolerancia y el jaleo de su partido. Al menos su compañero Carlos Muñoz ha sido más diligente y ha dimitido de todos sus cargos antes de que nadie se lo pidiera. Ahora solo falta que devuelva el dinero indebidamente cargado a las arcas públicas.

La causa última de esta desviación del dinero público a usos privados está en la total ausencia de controles sobre los viajes que realizan los diputados y senadores. Estos pueden cargar todo tipo de desplazamientos y gastos de alojamiento sin que nadie les exija un justificante o una declaración escrita de los motivos del viaje. Nuestra democracia estableció que nuestros representantes electos tenían presunción de honorabilidad, y entendió que los viajes que se cargaran a las cuentas públicas serían siempre debidos al desempeño de su cargo. Igual que se entendió que los titulares de las tarjetas opacas de Bankia solo cargarían gastos de representación a las mismas .

Pues bien, ya se ve que no. Que siempre que haya posibilidad de impunidad, posibilidad de gastar dinero ajeno sin rendir cuentas, habrá un ser humano que no resistirá la tentación de aprovecharse. Por supuesto, hay muchas personas honorables, que independientemente de los controles, siempre obrarán con rectitud. Pero también hay muchas otras que no, como está quedando palmariamente demostrado. Deberíamos sustituir la ingenua presunción de honorabilidad por la más realista de presunción de corruptibilidad. Recordemos que hasta el más honorable de todos, el molt honorable President Pujol, está actualmente bajo investigación judicial.

La corrupción tiene solución, y la solución no es que actúen los jueces, aunque esto sea imprescindible. Como acertadamente dice Antonio Muñoz Molina (EL PAÍS, 9.11.14), los jueces son como los cirujanos, que actúan cuando el mal ya está hecho. Sin perjuicio de que haya que aumentar los recursos de la justicia, los plazos de prescripción de los delitos, y la cuantía de las penas, hay que actuar mucho antes, hay que prevenir el mal. Además, por cada caso descubierto por los jueces habrá probablemente diez que no se descubrirán jamás.

La solución la han dado ya otras democracias más antiguas que la nuestra y consiste en aumentar la profesionalización e independencia de las administraciones públicas y el número de controles, y en disminuir el poder de los políticos electos sobre ellas. Nuestra democracia ha sido demasiado ingenua a este respecto. Por ejemplo, no debería ser posible que una adjudicación de obras la decidiera o condicionara el poder político del ayuntamiento, o del gobierno de turno. Para ello hacen falta más funcionarios y menos interinos. Corrupciones como la de la trama Púnica no hubieran sido posibles si los ayuntamientos no estuvieran llenos de estómagos agradecidos, de empleados públicos contratados a dedo, y asesores nombrados discrecionalmente, por los mismos que luego presionan para amañar las adjudicaciones.

Durante demasiado tiempo se ha denostado a los funcionarios y a las cautelas y controles de la Administración como creadores de burocracia inútil y de ineficiencia. Pues bien, esa mayor lentitud, esos mayores controles, esa exigencia de que las adjudicaciones se hagan por concurso público y con unos baremos conocidos, son las barreras que se lo ponen difícil a los corruptos. Son la garantía de que el dinero público se gastará racionalmente. Nos habríamos evitado muchos aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches y tendidos ferroviarios que triplican su coste de adjudicación, si los profesionales de la Administración hubieran podido actuar con más independencia y sin presiones políticas. Los controles también son garantía para los empresarios que acuden de buena fe a los concursos, y que se ven perjudicados por otros empresarios que sobornan a los políticos para conseguir los contratos.

Los funcionarios se seleccionan en concursos públicos y bajo el principio del mérito y capacidad profesionales. Cualquiera tiene posibilidad de presentarse a una plaza pública, pero sólo los mejores serán seleccionados. Así debe ser, precisamente para que sirvan al Estado con independencia y para que puedan resistirse a las presiones políticas.

La misma exigencia de mérito deberíamos tener para elegir a los representantes nombrados por los partidos en los órganos de alta responsabilidad como son el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la dirección de las televisiones públicas, y las distintas comisiones que vigilan el comportamiento de los mercados. Los nombramientos exclusivamente en función de la afinidad política, o de la docilidad al poder, con independencia de toda cualificación, solo favorecen la mediocridad, la incompetencia y la inacción a la hora de ejercer su misión vigilante, como estamos cansados de ver.

Yendo aún más lejos, los partidos políticos deberían seleccionar a sus representantes internos y externos, y no solo a sus cabezas de lista, en elecciones abiertas, con concurrencia de varios candidatos, y con exposición pública de sus programas. La opacidad de la selección solo favorece a los que no pueden obtener dichos puestos por sus propios méritos, es decir a los palmeros del poder y a los mediocres, características muchas veces unidas en una misma persona. La mejor ayuda que se le puede prestar a un dirigente político no es aceptar sumisamente sus decisiones, sino criticarlas desde la honestidad y la independencia, cuando ello parezca necesario. Y para ello, conviene no llenar los órganos dirigentes de palmeros agradecidos.

Se puede acabar con la corrupción, pero el camino no es fácil, ni tampoco corto. No hay soluciones mágicas, ni se ha de fiar todo a unos pocos gestos mediáticos. Aunque estos puedan ser útiles como señal de cambio, hace falta además determinación, constancia, y voluntad política de cambiar las cosas. También, un cierto cambio cultural en todos los ámbitos de la sociedad, que premie el mérito, el esfuerzo y la competencia frente al amiguismo y a la lealtad mal entendidos. Cuando los puestos de responsabilidad los ocupan personas capaces y honradas, las sociedades avanzan. Cuando no es así, se produce una desmoralización general y estas retroceden. Un estado donde la corrupción sea endémica puede llegar a colapsar. Y si alguien lo duda, ahí tenemos el ejemplo de México.

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

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1 comentario

Archivado bajo universidad

Una respuesta a “Presunción de corruptibilidad

  1. José Jesús de Bustos Tovar

    Tienes razón en todo lo que dices, pero falta algo importante.La corrupción es el espejo de una sociedad que ha alcanzado un alto grado de libertad, pero no tanto de responsabilidad. Ni los sistemas educativos que han obviado la educación ética, ni los partidos políticos (que constituyen la columna vertebral de un sistema democrático) que han basado su funcionamiento en la creación de redes clentelares,, ni las instituciones llamadas a ser modelos de comportamientos éticos (la Universidad, por ejemplo, ha perdido todo sentido del pudor a la hora de seleccionar a su propio personal docente e investigador y, lo que es peor, a valorar debidamente el mérito frene a la mediocridad ), ni un capitalismo ramplón que impone su espíritu de rapiña, (fraude fiscal a lo grande, ocultamiento de beneficios ilícitos, etc.), ni tantos otros componentes de la estructura social que desprecian olímpicamente toda invocación a los valores éticos, etc. pueden servir de base a una regeneración ética de la sociedad. Persigamos y denunciemos, sí, a los corruptos, pero no olvidemos que existe un mal más profundo.que sólo puede ser corregido con educación, rigor en los juiciios y firmeza en las acciones.

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