Archivo mensual: noviembre 2014

La polémica del 135

Nuestro Secretario General, Pedro Sánchez, ha iniciado una polémica dentro del partido al afirmar que la reforma del artículo 135 de la Constitución llevada a cabo por el PSOE, con el acuerdo del PP, en el verano de 2011 fue “un error”. Por su interés, incluimos aquí los enlaces a dos artículos, uno del entorno de Zapatero y otro de Pedro Sánchez, que aclaran los respectivos puntos de vista.

Articulo de Miguel Sebastián y otros dirigentes en El Mundo del 25.11.14:

http://www.elmundo.es/opinion/2014/11/25/5474fd79ca4741bd158b4583.html

Artículo de Pedro Sánchez en El Mundo del 29.11.14:

http://www.elmundo.es/espana/2014/11/29/5478e354e2704e7c5a8b457d.html

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

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El victimismo de nuevo

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Una cosa hay que reconocerles a los nacionalistas catalanes: que son unos maestros en la manipulación del lenguaje y la realidad, y en apropiarse de la agenda política con su discurso. Su lema es “todo vale”, si con ello se avanza hacia la meta fijada por ellos de antemano. Todo se puede manipular, si con ello se suman unas cuantas voluntades más a “la causa”. ¿Qué importa si lo que se dice responde o no a la verdad? Lo que importa es dejar bien claro que el Estado central les humilla y les oprime, que son unas víctimas del anticatalanismo, y que para eso, mejor estar solos.

Lo peor es que casi nunca hay un discurso enfrente que desmonte sus manipulaciones, y ya sabemos desde Goebbels, que una mentira repetida millones de veces llega a ser aceptada como una verdad. Así, nos pretendieron convencer de que votar pacíficamente la secesión de España era lo más democrático del mundo, porque la democracia es eso, votar ¿no? Pocos salieron a decir que la democracia no es solo votar, que no todo es votable, ni tampoco lo es por cualquier demos.

Como se evidencia en Las Historias de España, (Alvarez Junco 2013), lo primero que hay que manipular para construir un buen mito es la historia. Y los nacionalistas la llevan manipulando desde el primer día que tuvieron competencias de gobierno. Así, presentan a Felipe V como el monarca español que terminó con sus libertades nacionales, y celebran el 11 de septiembre, la diada, en recuerdo del 11 de septiembre de 1714 en que las tropas de este rey terminaron con la resistencia del Principado y rindieron Barcelona.

Lo que no cuentan es que en esos años se libraba una guerra de sucesión en España, en realidad una guerra internacional en toda Europa. Que Inglaterra, Portugal y el Imperio Germánico no aceptaron el testamento de Carlos II, que estipulaba que un Borbón, el nieto del rey de Francia Luis XIV, reinara en España a su muerte, porque eso suponía en su opinión un poder excesivo del binomio España-Francia en detrimento de las otras potencias. Por eso apoyaron con las armas al Archiduque Carlos de Austria en contra de Felipe V. En dicha guerra, Aragón y Cataluña, parte esta última del antiguo reino de Aragón, se pusieron a favor del Habsburgo, quien de hecho llegó a entrar en Barcelona y a reinar en Aragón y Valencia entre 1705 y 1713. La razón de este apoyo fue que estimaban que sus instituciones y fueros estarían mejor preservados con un Austria que con un Borbón. Se trataba desde luego de instituciones medievales, semejantes a las Cortes de Castilla, las Juntas de Navarra y otras semejantes que provenían de los antiguos reinos de España, unidos desde los Reyes Católicos. Es manipulación presentar el inevitable paso desde la organización medieval a la de un estado moderno como la pérdida de las libertades nacionales. Entre otras cosas porque el concepto de nación no existió hasta un siglo más tarde.

La última guinda de este relato manipulado es la votación de hace pocos días en el Ayuntamiento de Barcelona de una resolución en la que se pide que se retire la estatua del almirante Blas de Lezo que el Ayuntamiento de Madrid ha erigido en la plaza de Colón. La razón esgrimida es que este militar participó en los dos asedios a Barcelona (en 1706 y en 1714) y contribuyó con sus cañones a “terminar con la libertad del pueblo catalán”. La realidad es, como se ha dicho, que lo que estaba en juego era una guerra de sucesión y no la libertad de nadie, y a mayor abundamiento, Blas de Lezo era un simple alférez en el primer asedio, y capitán de uno de los barcos en el segundo. Su gloria como almirante la ganó después en muchas otras batallas, entre ellas en la derrota de una escuadra inglesa tres veces superior en número defendiendo Cartagena de Indias.

Los políticos deberían dejar la historia a los historiadores, que son los únicos que aplican métodos científicos al conocimiento del pasado. Lo demás es retorcer la verdad para adecuarla a los propios intereses, y eso es lo que lleva haciendo el nacionalismo catalán desde que existe. Por fortuna esta vez han salido varios catedráticos a la arena a denunciar la manipulación, y también lo ha hecho con contundencia Antonio Miguel Carmona, candidato a alcalde por el PSM. Justo es reconocerlo, a pesar de su complicidad en la eliminación de las primarias en Madrid.

No deja de sorprenderme que en la votación mencionada, el PSC se abstuviera e ICV votara a favor. El caso de ICV es patético. Ya lleva demasiado tiempo tratando de conciliar su ubicación supuestamente en la izquierda postcomunista, y como partido ecologista, con el apoyo a la mayoría de las tesis nacionalistas. ¿Como es posible ser a la vez de izquierdas y nacionalista? El nacionalismo interesa sobre todo a la derecha, que es la misma que recorta sus derechos a los trabajadores y a las clases medias catalanas. Y tampoco esto está demasiado claro porque una secesión crearía un colapso económico muy perjudicial para la burguesía. En cuanto al PSC, una vez más ha estado timorato. Es precisamente esa carencia de no oponer un discurso claro al nacionalismo lo que le hace estar en “tierra de nadie” y desdibuja su perfil de izquierda ante los electores. El que sea nacionalista, que lo sea y lo defienda, pero el que no lo sea ha de defender su terreno con la misma firmeza que lo hace el nacionalismo con el suyo. Y en mi opinión, ni se pueden conciliar las dos cosas, ni en esta batalla ideológica existe la tierra de nadie.

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

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Apuntes para el debate territorial

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Nuestro partido ha propuesto una reforma de la Constitución que, entre otros temas, pone el énfasis en completar nuestro Estado Autonómico con algunas reformas de corte federal. El objetivo no es otro que buscar un encaje en el que todos los pueblos de España se sientan cómodos, tratados con justicia, y a la vez unidos en un proyecto común.

A veces es útil repasar la historia para poner en perspectiva los problemas del presente. Con frecuencia se descubre que los mismos problemas aparecen una y otra vez de forma recurrente y casi siempre provocados por las mismas causas. Estas notas repasan la formación de nuestro Estado, y tratan de arrojar alguna luz sobre el problema territorial actual, cuya agudización creciente es una amenaza para nuestra convivencia.

A partir del siglo XI, los núcleos feudales hispano-cristianos empiezan a tomar forma de reinos. Así, se forman el de Castilla y el de Leon, más tarde unidos en unidos en uno solo, el de Navarra y el de Aragón, que absorbe a los condados catalanes, entre ellos el de Barcelona. A veces cooperan en la empresa común de arrebatarles tierras a los musulmanes, y a veces luchan entre ellos. Por ejemplo, Navarra es conquistada durante un siglo por Aragón y Castilla. Así transcurren cinco siglos en los que los reinos evolucionan por separado, con instituciones y leyes diferentes, con sus propias monedas y en algunos casos con una lengua romance distinta. La ensalzada unión nacional conseguida con Isabel y Fernando tiene mucho de mito: ambos co-reinaron en Castilla y Aragón, pero un castellano seguía siendo un extranjero en Aragón y viceversa. Su matrimonio fue una más de las uniones dinásticas de la época: Juan II de Aragón favoreció la unión de su hijo Fernando con la heredera de Castilla para hacer frente a la pujanza de Francia. A la muerte de Isabel, esta dejó la corona de Castilla, su corona, a su hija Juana. El azar quiso que esta enloqueciera, que sus otros dos hermanos murieran, y también falleciera su marido Felipe el Hermoso, y que la corona retornara a Fernando hasta la mayoria de edad del infante Carlos. Fernando tuvo un hijo de un nuevo matrimonio, que también murió. Ello hizo que Carlos heredara los dos reinos. A pesar de que con Felipe II, incluso Portugal se añadió al resto de las coronas, todos los reinos siguieron manteniendo su personalidad, sus fueros, monedas y fronteras hasta el siglo XVIII. Es con el primer Borbón, con Felipe V, cuando España empieza a construir un Estado en el sentido moderno, y para ello tuvo que eliminar muchas resistencias de los antiguos reinos medievales. La guerra que hubo de librar con Aragón y Cataluña no se explica por reivindicaciones nacionalistas, sino porque estas regiones apostaron por el rey equivocado, un Habsburgo. Si hubiera perdido Felipe, quizás Calatuña hubiera pasado a formar parte del imperio Austro-Hungaro.

Durante todo el XVIII y gran parte del XIX, España se construye como nación, también luchando contra el invasor francés. Las reivindicaciones nacionalistas solo aparecen con fuerza a partir de 1890. El contexto es el de la Restauración impuesta por las armas tras el sexenio democrático 1868-73, con un Estado centralizado que deja pocas libertades, y que ahoga el auge económico de las regiones más industriales. A la vez, España como proyecto está en decadencia con la pérdida de las colonias y de su peso en Europa. El problema nacionalista ya no se apagará durante el primer tercio del XX, y es con la Segunda República que encuentra por fin una válvula de escape en los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco. Tras el largo paréntesis de la guerra civil y la dictadura de Franco, nuestra Constitución actual trata de realizar de nuevo el encaje de estos territorios con la invención del Estado de las Autonomías.

Las demandas nacionalistas se atemperan cuando España vuelve a tener un proyecto (la democracia, la integración en Europa), y crece económicamente tras las dificultades de la Transición. Y se acrecientan de nuevo cuando perdemos ese proyecto con la crisis y el austericidio impuesto por el Gobierno actual en manos conservadoras. Las razones del deseo de independencia son siempre las mismas: la primera, y según expone acertadamente Juan Ignacio Crespo en EL PAÍS del 17.11.14, que en épocas de crisis las regiones ricas no quieren cargar con el lastre de las mas pobres y prefieren salvarse solas; la segunda, que no quieren que las leyes que emanan del Estado central recorten su libertad de autogobernarse.

Mucho se ha teorizado sobre las naciones que no tienen estado y no es mi propósito entrar en estos debates esencialistas. Las dos guerras mundiales dan buena cuenta de adonde pueden llevar los nacionalismos exacerbados. Coincido con los que piensan que la nación de uno es la que te da derechos de ciudadanía y protección en la enfermedad y en la vejez, y no tan solo una bandera y una lengua. Y para mi está claro que esos derechos están más garantizados estando juntos que separados. Ambas partes, Cataluña y el resto de España, perderían mucho si se separasen. Por tanto, el problema consiste en cómo encontrar un encaje que satisfaga a todos.

Organizar un país como España, con la larga historia de sus reinos pasados, y con 45 millones de personas, no es lo mismo que organizar Dinamarca o Finlandia, mucho más pequeñas y homogéneas. El modelo tiene que combinar descentralización y autogobierno para muchas competencias no estatales, reconocimiento de hechos diferenciales, y a la vez igualdad de derechos para todos los ciudadanos, vivan donde vivan. El reparto de los impuestos ha de ser pues cuidadoso. No tiene lógica el sistema actual en el que regiones con elevada renta per cápita reciben significativamente menos financiación per cápita que otras regiones más pobres. Habría que pensar en fórmulas que, una vez atendidos por igual los derechos básicos, permitan que una parte de la riqueza se quede en la región donde se genera. Ello establecería un principio de competencia entre regiones que podría ser saludable. En otras palabras, me parece razonable y no injusto respetar el llamado principio de ordinalidad.

Queremos estar juntos, pero queremos estar bien, y ser tratados equitativamente. Por ejemplo, Andalucía no se sentiría cómoda si no se garantizara que su sanidad y educación públicas recibirán la misma financiación per cápita que Cataluña. Como Cataluña no se siente cómoda ahora cuando sus servicios reciben menos fondos que los de Extremadura. Como algunos no nos sentimos cómodos con la ridícula contribución del País Vasco a los gastos comunes del Estado. Se trata pues de sentarse y de hablar. No tenemos otra salida y es inútil que el Gobierno se resista, o siga retrasando el problema. Ya se han alimentando las tensiones durante demasiado tiempo y podríamos traspasar la línea de no retorno. Y entonces, a ver quien lo arregla.

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

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Presunción de corruptibilidad

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Desde la última entrada, dedicada precisamente a la regeneración, se han sucedido dos nuevos escándalos de corrupción: el caso Púnica, consistente en una trama de empresas y cargos municipales por los que estos cobraban comisiones a cambio de adjudicaciones amañadas a aquellas, y el caso Monago-Muñoz, políticos que realizaron decenas de viajes privados a Canarias, pagados respectivamente con cargo al Senado y al Congreso de los Diputados.

En el primero, encabezadas por el que fue hasta hace dos años número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, han sido detenidas más de cincuenta personas, la mayoría vinculadas al PP. También hay dos alcaldes socialistas, uno de ellos el alcalde de Parla, Jose María Fraile, antiguo número dos de Tomas Gómez cuando él era alcalde allí. En el segundo, los protagonistas son el actual presidente de Extremadura, Jose Antonio Monago, y un diputado por Teruel, ambos del PP.

Con respecto a este último caso, y con ser grave el asunto, más graves aún han sido la ausencia de explicaciones por parte del presidente extremeño y el cierre de filas en torno suyo de la cúpula del PP, que incluso le dedicó una ovación. No hablemos ya de dimitir, a lo que se ha negado rotundamente. Una desvergüenza la malversación del señor Monago, una vergüenza doble el no asumir sus culpas, y una vergüenza triple la tolerancia y el jaleo de su partido. Al menos su compañero Carlos Muñoz ha sido más diligente y ha dimitido de todos sus cargos antes de que nadie se lo pidiera. Ahora solo falta que devuelva el dinero indebidamente cargado a las arcas públicas.

La causa última de esta desviación del dinero público a usos privados está en la total ausencia de controles sobre los viajes que realizan los diputados y senadores. Estos pueden cargar todo tipo de desplazamientos y gastos de alojamiento sin que nadie les exija un justificante o una declaración escrita de los motivos del viaje. Nuestra democracia estableció que nuestros representantes electos tenían presunción de honorabilidad, y entendió que los viajes que se cargaran a las cuentas públicas serían siempre debidos al desempeño de su cargo. Igual que se entendió que los titulares de las tarjetas opacas de Bankia solo cargarían gastos de representación a las mismas .

Pues bien, ya se ve que no. Que siempre que haya posibilidad de impunidad, posibilidad de gastar dinero ajeno sin rendir cuentas, habrá un ser humano que no resistirá la tentación de aprovecharse. Por supuesto, hay muchas personas honorables, que independientemente de los controles, siempre obrarán con rectitud. Pero también hay muchas otras que no, como está quedando palmariamente demostrado. Deberíamos sustituir la ingenua presunción de honorabilidad por la más realista de presunción de corruptibilidad. Recordemos que hasta el más honorable de todos, el molt honorable President Pujol, está actualmente bajo investigación judicial.

La corrupción tiene solución, y la solución no es que actúen los jueces, aunque esto sea imprescindible. Como acertadamente dice Antonio Muñoz Molina (EL PAÍS, 9.11.14), los jueces son como los cirujanos, que actúan cuando el mal ya está hecho. Sin perjuicio de que haya que aumentar los recursos de la justicia, los plazos de prescripción de los delitos, y la cuantía de las penas, hay que actuar mucho antes, hay que prevenir el mal. Además, por cada caso descubierto por los jueces habrá probablemente diez que no se descubrirán jamás.

La solución la han dado ya otras democracias más antiguas que la nuestra y consiste en aumentar la profesionalización e independencia de las administraciones públicas y el número de controles, y en disminuir el poder de los políticos electos sobre ellas. Nuestra democracia ha sido demasiado ingenua a este respecto. Por ejemplo, no debería ser posible que una adjudicación de obras la decidiera o condicionara el poder político del ayuntamiento, o del gobierno de turno. Para ello hacen falta más funcionarios y menos interinos. Corrupciones como la de la trama Púnica no hubieran sido posibles si los ayuntamientos no estuvieran llenos de estómagos agradecidos, de empleados públicos contratados a dedo, y asesores nombrados discrecionalmente, por los mismos que luego presionan para amañar las adjudicaciones.

Durante demasiado tiempo se ha denostado a los funcionarios y a las cautelas y controles de la Administración como creadores de burocracia inútil y de ineficiencia. Pues bien, esa mayor lentitud, esos mayores controles, esa exigencia de que las adjudicaciones se hagan por concurso público y con unos baremos conocidos, son las barreras que se lo ponen difícil a los corruptos. Son la garantía de que el dinero público se gastará racionalmente. Nos habríamos evitado muchos aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches y tendidos ferroviarios que triplican su coste de adjudicación, si los profesionales de la Administración hubieran podido actuar con más independencia y sin presiones políticas. Los controles también son garantía para los empresarios que acuden de buena fe a los concursos, y que se ven perjudicados por otros empresarios que sobornan a los políticos para conseguir los contratos.

Los funcionarios se seleccionan en concursos públicos y bajo el principio del mérito y capacidad profesionales. Cualquiera tiene posibilidad de presentarse a una plaza pública, pero sólo los mejores serán seleccionados. Así debe ser, precisamente para que sirvan al Estado con independencia y para que puedan resistirse a las presiones políticas.

La misma exigencia de mérito deberíamos tener para elegir a los representantes nombrados por los partidos en los órganos de alta responsabilidad como son el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la dirección de las televisiones públicas, y las distintas comisiones que vigilan el comportamiento de los mercados. Los nombramientos exclusivamente en función de la afinidad política, o de la docilidad al poder, con independencia de toda cualificación, solo favorecen la mediocridad, la incompetencia y la inacción a la hora de ejercer su misión vigilante, como estamos cansados de ver.

Yendo aún más lejos, los partidos políticos deberían seleccionar a sus representantes internos y externos, y no solo a sus cabezas de lista, en elecciones abiertas, con concurrencia de varios candidatos, y con exposición pública de sus programas. La opacidad de la selección solo favorece a los que no pueden obtener dichos puestos por sus propios méritos, es decir a los palmeros del poder y a los mediocres, características muchas veces unidas en una misma persona. La mejor ayuda que se le puede prestar a un dirigente político no es aceptar sumisamente sus decisiones, sino criticarlas desde la honestidad y la independencia, cuando ello parezca necesario. Y para ello, conviene no llenar los órganos dirigentes de palmeros agradecidos.

Se puede acabar con la corrupción, pero el camino no es fácil, ni tampoco corto. No hay soluciones mágicas, ni se ha de fiar todo a unos pocos gestos mediáticos. Aunque estos puedan ser útiles como señal de cambio, hace falta además determinación, constancia, y voluntad política de cambiar las cosas. También, un cierto cambio cultural en todos los ámbitos de la sociedad, que premie el mérito, el esfuerzo y la competencia frente al amiguismo y a la lealtad mal entendidos. Cuando los puestos de responsabilidad los ocupan personas capaces y honradas, las sociedades avanzan. Cuando no es así, se produce una desmoralización general y estas retroceden. Un estado donde la corrupción sea endémica puede llegar a colapsar. Y si alguien lo duda, ahí tenemos el ejemplo de México.

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

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