Archivo mensual: marzo 2014

Los expertos

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Acaba de publicarse el documento de los llamados expertos, que el Ministerio de Hacienda encargó hace unos meses con el fin de inspirarse para su inminente reforma fiscal. Consiste en 400 páginas y 125 propuestas, una suerte de menú a la carta en el que el Gobierno escogerá las opciones que mejor convengan a sus intereses.

 

 

 

No es la primera vez que el Gobierno encomienda a una comisión de “expertos” hacer el trabajo sucio de publicitar las propuestas incómodas. Así lo hizo el Ministro Wert con las propuestas sobre la Universidad, y la Ministra Báñez con el recorte de las pensiones. La estrategia comunicacional es clara: las propuestas no son del Gobierno, sino de técnicos competentes en la materia, es decir de unas personas supuestamente neutrales. Si las propuestas incluyen algunas descabelladas, mejor que mejor, porque así el Gobierno podrá arrogarse el mérito de “suavizarlas” y de quedar como dirigentes ecuánimes y equidistantes, que tan solo pretenden el bien común.

 

 

 

Pero los ciudadanos ya estamos un poco hartos de este juego y de estos “expertos” que, salvo honrosas excepciones, son tan solo la voz de su amo. Hacen y dicen lo que se les ordena, sin salirse un milímetro de los límites que se les han marcado. A cambio, reciben su minuto de gloria cuando se les permite anunciar la buena nueva en todos los telediarios. No pudo ser más expresiva a este respecto la cara del Catedrático de Hacienda Manuel Lagares, presidente de la comisión, cuando nos dejó su frase para la historia: “no hemos dejado títere con cabeza”.

 

 

 

Pero todos sabemos que cualquier reforma parte de unos objetivos políticos, que la fiscalidad y casi cualquier problema que afecte al gobierno de un país no son problemas técnicos que admitan una solución única, supuestamente lo más eficiente posible. Admiten tantas soluciones como ideologías las inspiren. Depende de lo que se pretenda, así será la reforma, y la parte técnica vendrá después, no antes. Para explicar esos objetivos, no hacían falta 400 páginas ni poner patas arriba todos los tributos. Quizás hubiera bastado con una sola página y un poco de honestidad. Sin embargo el Sr. Lagares no ha sido capaz de dar una explicación sencilla de lo que pretende con su reforma. Más bien da la impresión de que tanto cambio busca aturdir al ciudadano y esconder las verdaderas intenciones de la misma. Trataremos de hacer en estas líneas ese trabajo de explicación.

 

 

 

El objetivo político de la reforma está bastante claro desde el momento en que se dieron instrucciones a la comisión de que la recaudación final debía quedar en torno al mismo porcentaje actual del 37% del PIB. El problema principal de nuestro sistema tributario es que, a pesar de tener las mismas figuras impositivas que el resto de la UE, recaudamos 7 puntos menos de PIB que la media europea, unos 70.000 millones menos, que hubieran bastado para acabar de golpe con el déficit público y con todos los recortes. Las razones de esa baja recaudación están en primer lugar en el elevado fraude fiscal, y en segundo lugar en la baja tributación real de las empresas y de las rentas del capital. Nominalmente el impuesto de sociedades es del 30% pero apenas recauda un 10% debido a las numerosas exenciones y desgravaciones, y pagan más las pequeñas empresas que las grandes corporaciones, las multinacionales y los bancos. Tampoco hay un impuesto sobre los grandes patrimonios. Pero nada de esto se quiere tocar. Por tanto, el objetivo de la reforma podría resumirse en una sola frase: “que todo siga como está”. O mejor, “que todo cambie para que nada sustancial cambie”. Porque el otro objetivo político es poder “vender” a los ciudadanos en 2015, año electoral, que sus impuestos han bajado gracias a la excelente gestión de la crisis que ha hecho este Gobierno.

 

 

 

Dados esos objetivos, las propuestas consisten en reducir algunos impuestos, subir otros, crear nuevas figuras, eliminar otras, y en definitiva, quitar de aquí para poner allá. Entrando en el detalle, encontramos algunas ideas positivas como lo son el poner orden en la selva de exenciones y desgravaciones de las empresas, en las del IRPF, y en la pléyade de impuestos autonómicos supuestamente medioambientales. Que el tipo nominal del impuesto de sociedades baje del 30% al 20% no es grave porque de hecho recauda mucho menos. Si consiguiera recaudar realmente el 20%, ello supondría un aumento significativo sobre la situación actual. Que el tipo máximo del IRPF baje del 52% al 48%, o al 45%, tampoco es demasiado grave porque las personas que declaran ingresos anuales superiores a 300.000 Euros se cuentan con los dedos de una mano. En cambio que el IVA de los alimentos suba del 10% al 21% sería extraordinariamente grave porque afectaría de modo significativo a las rentas más bajas. En general, que bajen los impuestos directos y suban los indirectos disminuye la progresividad del sistema. Hace que paguen los mismos impuestos todas las rentas, en lugar de que pague más el que más tiene. La propuesta incluye también bajar la tributación de las rentas del ahorro al 20%, desde la horquilla actual que va del 21% al 27% en función de la cuantía. Y aconseja no reimplantar el impuesto de Patrimonio. Es decir, que dentro de la filosofía de que nada sustancial cambie, la reforma tiene un claro sesgo de clase con el que, una vez más, se pretende extraer recursos de las rentas más bajas para devolvérselos con la otra mano a las rentas más altas.

 

 

 

El principal reto de nuestro sistema fiscal es aumentar las bases imponibles, es decir hacer aflorar las rentas opacas y obligar a que pague quien ahora no paga. Y para ello es imprescindible aumentar drásticamente la plantilla de la Inspección Tributaria. Tenemos tres veces menos inspectores que países como Reino Unido o Alemania, y con esos recursos apenas se puede inspeccionar a los ciudadanos que ya declaran. Según los mismos inspectores afirman, es imposible investigar las grandes bolsas de fraude. La tarea no es fácil porque los intereses son muy grandes. Incluso un Gobierno socialista que se propusiera este objetivo encontraría grandes resistencias y presiones mediáticas, políticas y económicas de todo tipo. Pero la democracia significa la supremacía del poder político sobre el económico y los ciudadanos tenemos derecho a que la carga fiscal se reparta con justicia, aunque solo sea por el simple hecho de que lo que algunos dejan de pagar, lo pagamos de más el resto.

 

 

 

Pero la justicia social es algo totalmente ajeno a este Gobierno, así que de esta “reforma” solo cabe esperar dos cosas: más cargas para los que ya pagamos y propaganda, mucha propaganda, para tratar de convencernos de que estamos pagando menos.

 

 

 

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

 

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