Sobre lo que se ha llamado “Derecho a decidir” en Cataluña

Ayer a las 00.00h venció el plazo, que Pere Navarro dio a los tres diputados del PSC que el pasado jueves votaron a favor de llevar la consulta al Congreso, para entregar su acta de diputados. Cabe señalar que hace relativamente pocos éramos nosotros los que pedíamos al partido del Gobierno que permitiera votar a sus diputados en conciencia y no imponiendo la tan conocida disciplina de voto. No voy a hablar en este post de la disciplina de voto que tienen los partidos en nuestro sistema o de la gran coherencia que defendemos con estas cosas. Prefiero irme al fondo del asunto y escribir de lo que escuchamos estos días como “derecho a decidir” en relación con la consulta catalana.

En las pasadas elecciones en Cataluña, la ciudadanía otorgó su voto a partidos que defendían la independencia catalana y la necesidad de una consulta ciudadana sobre esta, eso no lo puede negar nadie, porque ahí están los datos. Esto es lo que han llamado el “derecho a decidir” que piden estos partidos. No voy a entrar a si es una maniobra política para evitar hablar de los recortes y la situación económica de Cataluña, no es ese mi punto. La cuestión que compete abordar es si este derecho a decidir puede enmarcarse dentro del marco constitucional vigente en España o no.

De este modo hay que retrotraerse a un 25 de octubre de 1979 cuando el pueblo catalán aprobó en referéndum el Estatuto para la Autonomía de Cataluña que suponía una solución positiva a una de las más antiguas aspiraciones de Cataluña: el autogobierno. Este Estatuto se modificaría años después, pero podemos decir que ese fue el primer paso que se dio en Democracia sobre el asunto catalán.

Siguiendo con ello en 2010 se presentó la Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de Consultas Populares por vía de referéndum aprobada en desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sobre ello el Tribunal Constitucional estableció que el establecimiento y la regulación de las consultas populares por esa vía debían ser objeto de Ley Orgánica. Se distingue en esta ley entre lo que es «la capacidad de convocatoria del referéndum», correspondiente al gobierno de la Generalitat, respecto de «la autorización de la convocatoria del referéndum», que necesariamente le incumbe al gobierno del Estado español. Se pone de manifiesto por tanto que en Cataluña es indispensable la autorización expresa del Estado previa a la realización de cualquier referéndum autonómico.

Debemos definir qué es Referéndum entonces. El Tribunal Constitucional ha afirmado en su Sentencia de 11 de septiembre STC 103/2008 que “el referéndum es una especie del género ‘consulta popular’ con la que no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23”

Todo esto tenemos que entenderlo dentro de la definición que señala el art. 1.1 de la CE, es decir, que España es un Estado social y democrático de Derecho, es decir que se entiende la participación de la ciudadanía, junto con el art. 23.1 que señala que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por representantes. Es decir nuestra Constitución a pesar de todo, en una pequeña medida, ampara la participación directa de los ciudadanos.

Así viéndolo más desde un punto de vista jurídico se puede volver el Estatuto de Cataluña que fue objeto de interpretación por el TC debido al recurso de inconstitucionalidad que se planteo contra ella. En el art. 122 del Estatuto se establecía que la Generalitat tenía competencia para el establecimiento de determinadas modalidades sobre convocatorias en entes locales en el ámbito de sus competencias sobre encuestas, audiencias públicas, fotos y cualquier instrumento de consulta popular excluyendo el que recoge el art. 149.1.32 de la CE. En este sentido el Tribunal estableció que la exclusividad que propugnaba este precepto lo era sin perjuicio de la competencia estatal relativa a las bases del régimen jurídico de las administraciones publicas, es decir que por tanto no era competencia exclusiva, y que respecto a la enumeración abierta que contempla el art.122 no podía entenderse recogido el referéndum.

Señala además el Constitucional que el referéndum es un especie del genero “consulta popular” y que su objeto se refiere al del cuerpo electoral, cabiendo consultas populares no referendarias con las que re recabe opinión de cualquier colectivo sobre temas de interés publico a través de cualquier procedimiento distinto al del referéndum y con los límites que se manifestaron en la sentencia citada.

Se deducen por tanto dos cosas, en primer lugar que las comunidades tienen imposibilidad de competencia de referéndum autonómico; y un segundo punto derivado de esto, y es que el art. 71 de la Ley de Bases del Régimen local quedaría sin efecto, pues para el mismo se precisa que la Comunidad Autónoma tenga competencia.

Si atendemos a la literalidad del art. 92.3 CE se establece que se referirá a las modalidades de referéndum previstas en la Constitución, por lo que hipotética, o teóricamente podríamos señalar que podrían acontecer dos leyes distintas, unas para los referéndums que recoge la CE y otra para los que no recoge.

Quizá sería coger el texto constitucional con pinzas, pero debemos entender como bien se señalaba antes, que uno de los valores principales de nuestra constitución es el que se ampara en el principio democrático y la participación de la ciudadanía siendo esta la soberana del poder. Esta a la luz de todos y todas, que la Constitución,  o mejor dicho, los redactores de la misma, eran poco partidarios de la opinión ciudadana directa mediante referéndum, pues la Carta Magna recoge unos supuestos muy limitados para su utilización, pero una vez pasado ese periodo convulso de la historia, la limitación estricta de este derecho va prácticamente en contra del sentir democrático que se ha querido alcanzar con el paso del tiempo.

Para finalizar puede que guste más o menos la posibilidad de que Cataluña se independice o no, pero debemos ser consecuentes con las ideas de democracia y por ello no podemos negar la realidad catalana que se produce en estos días y el concepto, probablemente mal llamado, del “derecho a decidir” que planea sobre la situación.

La democracia es un valor, una idea, un concepto, que no tiene porque quedarse en la Constitución únicamente. Partiendo de ello, la ciudadanía catalana debería poder decidir sobre su propio futuro, a poder ser, respetando la legalidad española. La sociedad avanza y como hemos visto en muchos casos, la ley no puede quedarse atrás. Las leyes son plasmación de ideas, y cuando las razones que las sostienen caen, las leyes también caen. De hecho muy probablemente la consulta soberana no tenga cabida en nuestra Constitución, pero que algo sea contrario a la Constitución de 1978, no implica que no sea democrático. Las leyes y las constituciones, no son verdad absoluta y algo que no podamos plantearnos si está bien o no en algún punto, y más nuestra Carta Magna que fue redactada como fue redactada.

Las últimas elecciones catalanas han mostrado en parte que el espíritu de independencia es un hecho. El PSC con Pere Navarro a la cabeza puede ir a por sus diputados por no cumplir la “suprema” disciplina de voto. El Gobierno central puede enrocarse en sí mismo y seguir aquel precepto de gobernar para el pueblo pero sin el pueblo, o puede al menos escuchar a la ciudadanía catalana dándoles la oportunidad de alzar su opinión. Puede que sea ideología lo que guie a este gobierno a negarlo, o puede que sea el miedo a la voz del pueblo la que ha llevado a este y a los anteriores a no querer ceder ni un ápice, y a negar siempre que pueden la palabra de la ciudadanía. Dejémosles hablar, ¿o acaso sólo lo haremos cuando estemos seguros de que nos gusta lo que digan?

Lorena Pérez García
Secretaria de Organización ASU-PSM
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2 comentarios

Archivado bajo universidad

2 Respuestas a “Sobre lo que se ha llamado “Derecho a decidir” en Cataluña

  1. Ricardo Peña

    Querida Lorena,

    empiezo por el final, “dejémosles hablar”. El derecho a hablar y a opinar lo tienen los independentistas y lo tenemos todos los demás. Pero el llamado “derecho a decidir” es otra cosa. Pretende que la opinión de una mayoría de catalanes (por cierto, ¿de cuantos?, ¿con que nivel de participación?, nadie lo ha aclarado) sea ley y les convierta en un Estado independiente de España. La democracia no consiste solo en votar. No cualquier cosa es votable, ni por cualquier cuerpo electoral. ¿Podrian votar los de Tarragona ser independientes de Cataluña? ¿Podria votar Madrid declarar rotas las relaciones con Marruecos? ¿Podríamos votar todos que hay que castrar a los homosexuales? ¿A que no? En el último ejemplo es porque violaría los derechos humanos, y en los otros porque no son cuestiones de su competencia. Pues bien, la independencia de Cataluña no es competencia de los catalanes, así de sencillo. Lo es de todos los españoles. Por supuesto que pueden opinar, y si un 99% de catalanes opinaran que quieren separarse de España, los demás deberíamos tomar buena cuenta y quizás organizar un referendum decisorio en toda España para acordar algo al respecto. Pero hoy por hoy, Cataluña es de todos nosotros y yo al menos no quiero que se la lleven, ¿nadie me va a preguntar?

    Otro error frecuente es asimilar independentistas con catalanes. Una buena parte de catalanes, difícil de cuantificar en estos momentos, pero en torno a la mitad de ellos, no quiere separarse de España, aunque es probable que quieran cambios en la relación actual. ¿ellos no tiene derecho a decidir?

    Un abrazo

    Ricardo Peña

  2. Lorena

    Querido Ricardo, Yo lo que digo es que dejemos que organicen la consulta, que además tampoco he defendido que sea vinculante o no, aunque da igual que lo sea o no, porque políticamente afectará del mismo modo. Sino que se le de la oportunidad al pueblo catalán de ir a depositar su opinión de manera clara en una urna, ya sea para decir que están a favor, o para decir que están en contra. Defiendo el derecho de ambos. La idea es, ¿por qué no queremos que den su opinión sea la que sea? La CE recoge unos puntos claros de lo que es un referendum, pero nadie está diciendo que lo hagamos como referendum sino como consulta, y una vez con los resultados ver como solucionar la situación que se de, que pueden ser varias:
    1- Que salga que nadie está a favor de la independencia, o un porcentaje tan minúsculo que no sea tenido en cuenta = solución fácil, se acaba todo debate.
    2- Que salga que hay un porcentaje muy muy alto, un 75% del pueblo catalán a favor = esto generaría una situación complicada porque ahí si que habría que ver que hacer, porque seria un porcentaje de ciudadanos que no se puede ignorar.
    3- Que salgan porcentajes parejos, es decir bastante ajustados = en ese caso sería la solución del federalismo que propone nuestro partido una opción (aunque claro hay que decir que el federalismo es difícil de combinar con la regla de estabilidad presupuestaria del 135 de la CE) pero habría que pensarlo mucho más porque personalmente tampoco creo que lo que propone nuestro partido sea la mejor solución.

    Pero volviendo al post, yo no defiendo que se independice Cataluña, yo no creo que sea yo quien tenga que decidir sobre ello, lo único que recojo es un análisis más jurídico, donde se explica que probablemente constitucionalmente no se pueda construir un derecho a decidir como tal, este si tendría cabida viéndolo desde el punto demócrata, más que constitucional (aunque claro, nuestra constitución llama derechos a los recogidos en el capitulo III del título primero, cuando en puridad no podrían ser considerados derechos, así que…) Queramos o no es una facultad democrática. Que opinen si quieren independizarse o no, y que luego el Estado opere como deba o tenga que operar, pero al menos oigamos primero a través de los ciudadanos y no de los líderes de turno lo que opina el pueblo catalán.

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