Archivo mensual: enero 2014

Obsceno Wert, obsceno Rajoy

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El próximo curso 2014/15, el Ministro Wert quiere salirse con la suya y recortar el programa Erasmus. Ya lo intentó el curso actual y no pudo, debido a la rápida respuesta social y a que, cuando anunció el recorte, los Erasmus ya estaban en sus destinos. Pretendió dejar el programa en 15 millones y tuvo finalmente que llegar a los 34 inicialmente presupuestados para no crear un caos mayor. Conviene recordar que en 2011, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el programa Erasmus estaba dotado con 63 millones, donde había escalado año tras año desde una dotación inicial de tan solo 4 millones. El recorte ideado por Wert consiste en detraer 16 millones (casi el 50%) y dejarlo en 18. Es notable que esa drástica disminución de recursos se plantea en un momento en que la Unión Europea reconoce el inmenso beneficio de este programa, y aumenta su dotación. El incremento para España es de 2,2 millones, pasando su contribución a ser de 53,4 millones, el triple de lo quiere poner Wert.

 

 

 

A pesar de que la cuantía de la beca, unos 225 euros mensuales, es mas bien modesta, del programa se benefician actualmente 40.000 estudiantes. Wert no se atreve a disminuir el número de beneficiarios, y para cuadrar la contradicción que supone disminuir el presupuesto a la mitad, opta por la “solución” salomónica de recortar la estancia a un solo cuatrimestre (la media actual es de ocho meses, muy cerca del curso completo). Las opiniones del mundo académico coinciden en que ello hará más difícil gestionar la convalidación de los estudios, que no dará tiempo a que los estudiantes saquen rendimiento de la inversión y el esfuerzo que supone adaptarse a un país extranjero, y que probablemente muchos renuncien al viaje.

 

 

 

En un presupuesto de cerca de 200.000 millones, ¿España no puede permitirse 16 millones para mantener el curso próximo al menos la misma inversión en Erasmus que el actual? Porque de eso se trata Sr. Wert, de una inversión, y no de un gasto. Nunca tan poco dinero tuvo tanto rendimiento en las perspectivas de futuro de tantos españoles. Un presupuesto de 34 millones, unido a lo que aporta la UE, permite que 40.000 jóvenes conozcan otro país, se relacionen con sus estudiantes, aprendan un idioma, y entren en contacto con otras formas de enseñanza. Que abran los ojos al mundo y se formen como ciudadanos de Europa. En un país con tantas deficiencias en el conocimiento de lenguas extranjeras, promover que los jóvenes viajen debería ser una prioridad. Los que tenemos algunos años sabemos que viajar es además un magnífico antídoto contra los prejuicios, que mejora nuestra tolerancia hacia otras formas de pensar, hacia otras culturas, costumbres y religiones, y que en resumen nos hace personas más libres y más adaptadas al mundo globalizado en que vivimos.

 

 

 

Pero nada de esto parece importarle a Wert. A juzgar por el desmantelamiento sistemático que está haciendo del sistema educativo público, nos quiere ignorantes y paletos. Nos cercena el acceso al bien más preciado que es la educación en su sentido más amplio, y que también incluye el contacto con otros países. Se ha terminado eso de que las clases populares estudien. El que quiera estudios, que se los pague. Ese es el mensaje que nos transmiten desde el Gobierno desde hace dos años: el que quiera salud, pensiones y educación, que pague por ellas. Y si no pueden, aplíquese el principio de Andrea-que-se-jodan-Fabra, cuyo nombre ya da una pista de en qué consiste. Y lo más sangrante de todo es que mientras se niegan unos pocos millones a los jóvenes españoles, los regalos a la banca con nuestro dinero se cuentan por miles de ellos. Hace poco se han perdido los 9.000 millones inyectados a Novagalicia Banco en una venta de saldo a un país extranjero. Y muchos de los 20.000 inyectados a Bankia corren el mismo peligro. Nos dicen que nuestro Estado del Bienestar no es sostenible, pero al parecer la banca privada, o las autopistas de peaje en ruina, sí lo son. Con nuestro dinero, claro.

 

 

 

Pero no nos engañemos, Wert es un sicario de Rajoy, lo mismo que lo es Gallardón con su ley anti-aborto, o Fernández con la suya anti-manifestantes, o Báñez con sus reformas laborales y recortes del sistema de pensiones. Todos siguen un plan preestablecido, ideado y dirigido por él. Nada de lo que proponen sus ministros se aprueba sin el apoyo explícito del Presidente el Gobierno. Siguiendo la estrategia del zorro, el Presidente se esconde detrás de sus ministros para que se desgasten ellos. Porque de eso trata el plan de Rajoy, de cercenar el Estado de Bienestar con la coartada de la crisis, de pegarle bocados para abrir oportunidades de negocio al capital especulativo, una vez que el pelotazo inmobiliario parece haber llegado a su fin. ¿Como se puede permitir -dicen en sus cenáculos los amigos del pelotazo- que las pensiones, la sanidad o la educación sean gratis? No señor, la gente está dispuesta a pagar por ellas una vez que han visto lo valiosas que son. Hay que hacer que todo esto sea de pago, faltaría más. El Estado de Bienestar está en peligro de ser depredado, precisamente a causa de su éxito, a causa de lo bien que ha servido a los ciudadanos.

 

 

 

Por desgracia, nuestro capitalismo no es como el alemán o el británico, donde lo que prima es hacer buenos productos y competir en buena lid en el mercado. El nuestro es un capitalismo de amiguetes, donde priman las relaciones personales, el amiguismo y el ventajismo. Una vez saqueado el bolsillo de los ciudadanos con la especulación inmobiliaria, ahora se trata de abalanzarse sobre lo público y de saquearlo también. Y a esta tarea se presta con gusto el Partido Popular, porque en realidad son parte de ese capitalismo de amiguetes (repásense si no los correos cruzados de Blesa, Aznar, Aguirre, González y muchos más, repartiéndose entre todos Caja Madrid). El recorte de los Erasmus no es más que un granito de arena en esa estrategia.

 

 

 

Pero lo que parecen ignorar Rajoy y sus ministros es que nada es inocuo. Cada recorte doloroso, y este de las becas Erasmus es uno de los más crueles, deja un regusto amargo, un sentimiento de injusticia, que añaden un poco más de rabia a la ya acumulada. Se suma a la rabia acumulada por la corrupción no combatida en el seno de su partido, a la rabia por las cacerías exóticas de Blesa a costa de la estafa de las preferentes, a la rabia por los pelotazos de la Gürtel en Valencia y en Madrid con la connivencia de altos cargos del PP, a la rabia por la larga lista de recortes a los humildes y de regalos a los poderosos. Y parecen no calcular que tanta rabia acumulada puede estallar en cualquier momento. Como estalló inesperadamente en Burgos porque los vecinos dijeron “basta” a un nuevo pelotazo. A veces, un tema en apariencia nimio puede generar respuestas enormes. Se puede apretar la tuerca pero hay que calcular con cuidado. Si se pasa de rosca, no será fácil contener la presión acumulada en el recipiente. Quizás piensan que pueden hacer lo que quieran todo el tiempo, pero están jugando con fuego. Los ciudadanos estamos hartos de sus crueldades con los que más necesitan de lo público y de su complacencia con los que más tienen, con las eléctricas, con los bancos, y con las grandes fortunas ¿Para cuándo una reforma fiscal? ¿Para cuándo combatir el fraude? ¿Para cuándo arreglar la sangría que nos impone el monopolio eléctrico? (producto, por cierto, del saqueo de las empresas públicas en los 90)?

 

 

 

Sr. Rajoy, Sr. Wert, si consuman este nuevo recorte, si niegan a nuestros jóvenes esos miserables 16 millones, no se engañen. No estarán haciendo una inevitable política de austeridad, ni estarán combatiendo el déficit, ni haciendo sostenible nuestro sistema público. Estarán simplemente cometiendo una obscenidad más.

 

 

 

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

 

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Sobre lo que se ha llamado “Derecho a decidir” en Cataluña

Ayer a las 00.00h venció el plazo, que Pere Navarro dio a los tres diputados del PSC que el pasado jueves votaron a favor de llevar la consulta al Congreso, para entregar su acta de diputados. Cabe señalar que hace relativamente pocos éramos nosotros los que pedíamos al partido del Gobierno que permitiera votar a sus diputados en conciencia y no imponiendo la tan conocida disciplina de voto. No voy a hablar en este post de la disciplina de voto que tienen los partidos en nuestro sistema o de la gran coherencia que defendemos con estas cosas. Prefiero irme al fondo del asunto y escribir de lo que escuchamos estos días como “derecho a decidir” en relación con la consulta catalana.

En las pasadas elecciones en Cataluña, la ciudadanía otorgó su voto a partidos que defendían la independencia catalana y la necesidad de una consulta ciudadana sobre esta, eso no lo puede negar nadie, porque ahí están los datos. Esto es lo que han llamado el “derecho a decidir” que piden estos partidos. No voy a entrar a si es una maniobra política para evitar hablar de los recortes y la situación económica de Cataluña, no es ese mi punto. La cuestión que compete abordar es si este derecho a decidir puede enmarcarse dentro del marco constitucional vigente en España o no.

De este modo hay que retrotraerse a un 25 de octubre de 1979 cuando el pueblo catalán aprobó en referéndum el Estatuto para la Autonomía de Cataluña que suponía una solución positiva a una de las más antiguas aspiraciones de Cataluña: el autogobierno. Este Estatuto se modificaría años después, pero podemos decir que ese fue el primer paso que se dio en Democracia sobre el asunto catalán.

Siguiendo con ello en 2010 se presentó la Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de Consultas Populares por vía de referéndum aprobada en desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sobre ello el Tribunal Constitucional estableció que el establecimiento y la regulación de las consultas populares por esa vía debían ser objeto de Ley Orgánica. Se distingue en esta ley entre lo que es «la capacidad de convocatoria del referéndum», correspondiente al gobierno de la Generalitat, respecto de «la autorización de la convocatoria del referéndum», que necesariamente le incumbe al gobierno del Estado español. Se pone de manifiesto por tanto que en Cataluña es indispensable la autorización expresa del Estado previa a la realización de cualquier referéndum autonómico.

Debemos definir qué es Referéndum entonces. El Tribunal Constitucional ha afirmado en su Sentencia de 11 de septiembre STC 103/2008 que “el referéndum es una especie del género ‘consulta popular’ con la que no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23”

Todo esto tenemos que entenderlo dentro de la definición que señala el art. 1.1 de la CE, es decir, que España es un Estado social y democrático de Derecho, es decir que se entiende la participación de la ciudadanía, junto con el art. 23.1 que señala que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por representantes. Es decir nuestra Constitución a pesar de todo, en una pequeña medida, ampara la participación directa de los ciudadanos.

Así viéndolo más desde un punto de vista jurídico se puede volver el Estatuto de Cataluña que fue objeto de interpretación por el TC debido al recurso de inconstitucionalidad que se planteo contra ella. En el art. 122 del Estatuto se establecía que la Generalitat tenía competencia para el establecimiento de determinadas modalidades sobre convocatorias en entes locales en el ámbito de sus competencias sobre encuestas, audiencias públicas, fotos y cualquier instrumento de consulta popular excluyendo el que recoge el art. 149.1.32 de la CE. En este sentido el Tribunal estableció que la exclusividad que propugnaba este precepto lo era sin perjuicio de la competencia estatal relativa a las bases del régimen jurídico de las administraciones publicas, es decir que por tanto no era competencia exclusiva, y que respecto a la enumeración abierta que contempla el art.122 no podía entenderse recogido el referéndum.

Señala además el Constitucional que el referéndum es un especie del genero “consulta popular” y que su objeto se refiere al del cuerpo electoral, cabiendo consultas populares no referendarias con las que re recabe opinión de cualquier colectivo sobre temas de interés publico a través de cualquier procedimiento distinto al del referéndum y con los límites que se manifestaron en la sentencia citada.

Se deducen por tanto dos cosas, en primer lugar que las comunidades tienen imposibilidad de competencia de referéndum autonómico; y un segundo punto derivado de esto, y es que el art. 71 de la Ley de Bases del Régimen local quedaría sin efecto, pues para el mismo se precisa que la Comunidad Autónoma tenga competencia.

Si atendemos a la literalidad del art. 92.3 CE se establece que se referirá a las modalidades de referéndum previstas en la Constitución, por lo que hipotética, o teóricamente podríamos señalar que podrían acontecer dos leyes distintas, unas para los referéndums que recoge la CE y otra para los que no recoge.

Quizá sería coger el texto constitucional con pinzas, pero debemos entender como bien se señalaba antes, que uno de los valores principales de nuestra constitución es el que se ampara en el principio democrático y la participación de la ciudadanía siendo esta la soberana del poder. Esta a la luz de todos y todas, que la Constitución,  o mejor dicho, los redactores de la misma, eran poco partidarios de la opinión ciudadana directa mediante referéndum, pues la Carta Magna recoge unos supuestos muy limitados para su utilización, pero una vez pasado ese periodo convulso de la historia, la limitación estricta de este derecho va prácticamente en contra del sentir democrático que se ha querido alcanzar con el paso del tiempo.

Para finalizar puede que guste más o menos la posibilidad de que Cataluña se independice o no, pero debemos ser consecuentes con las ideas de democracia y por ello no podemos negar la realidad catalana que se produce en estos días y el concepto, probablemente mal llamado, del “derecho a decidir” que planea sobre la situación.

La democracia es un valor, una idea, un concepto, que no tiene porque quedarse en la Constitución únicamente. Partiendo de ello, la ciudadanía catalana debería poder decidir sobre su propio futuro, a poder ser, respetando la legalidad española. La sociedad avanza y como hemos visto en muchos casos, la ley no puede quedarse atrás. Las leyes son plasmación de ideas, y cuando las razones que las sostienen caen, las leyes también caen. De hecho muy probablemente la consulta soberana no tenga cabida en nuestra Constitución, pero que algo sea contrario a la Constitución de 1978, no implica que no sea democrático. Las leyes y las constituciones, no son verdad absoluta y algo que no podamos plantearnos si está bien o no en algún punto, y más nuestra Carta Magna que fue redactada como fue redactada.

Las últimas elecciones catalanas han mostrado en parte que el espíritu de independencia es un hecho. El PSC con Pere Navarro a la cabeza puede ir a por sus diputados por no cumplir la “suprema” disciplina de voto. El Gobierno central puede enrocarse en sí mismo y seguir aquel precepto de gobernar para el pueblo pero sin el pueblo, o puede al menos escuchar a la ciudadanía catalana dándoles la oportunidad de alzar su opinión. Puede que sea ideología lo que guie a este gobierno a negarlo, o puede que sea el miedo a la voz del pueblo la que ha llevado a este y a los anteriores a no querer ceder ni un ápice, y a negar siempre que pueden la palabra de la ciudadanía. Dejémosles hablar, ¿o acaso sólo lo haremos cuando estemos seguros de que nos gusta lo que digan?

Lorena Pérez García
Secretaria de Organización ASU-PSM

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La derecha trilera

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Una carta al director de El País del 27.12.13 encabezada como “Lenguaje de trileros” me ha pisado en parte lo que pensaba escribir en esta entrada, pero en contrapartida me ha servido para darle título. El que yo tenía pensado era “El secuestro del lenguaje”.

 

 

En efecto, los portavoces de la derecha española son expertos en torturar el lenguaje para que diga lo que ellos estiman más conveniente en cada momento, aunque las palabras expresen justamente lo contrario de los hechos que describen. Valgan para atestiguarlo los siguientes ejemplos, algunos de ellos tomados de la mencionada carta:

 

 

  • La Ley Wert recientemente aprobada, que establece una carrera de obstáculos con el fin de segregar tempranamente a los estudiantes y cerrarles el paso a la educación superior, que impone la doctrina católica como asignatura evaluable, y que se promulga sin memoria económica y tras profundos recortes y desorbitadas subidas de tasas, se autodenomina de “Mejora de la Calidad Educativa”, y así la defiende su autor.

  • El Sr. Gallardón defiende su cavernícola proyecto del ley sobre el aborto como una “protección de los derechos de la mujer embarazada”, cuando es evidente para todos que se trata precisamente de recortar los mismos y de considerar a las mujeres como disminuidas psíquicas. Va diciendo a quien quiere escucharle que es la ley “más progresista” de este gobierno. No es que se haya vuelto loco, no. Es que tortura el lenguaje para ver si engaña a algún despistado.

  • La llamada “Ley de Seguridad Ciudadana” del integrista Sr. Fernández, que representa un salto adelante en el carácter autoritario de este gobierno y que está siendo cuestionada desde Europa por atacar las libertades individuales, trata según él de defender esas mismas libertades.

  • La Sra. Bañez afirma sin pestañear que está “revalorizando” las pensiones, cuando es evidente que las está congelando en la práctica (“suben” dos euros y medio por cada mil) y que los pensionistas perderán poder adquisitivo a raudales.

  • La misma Sra. Báñez nos informó de que la emigración forzosa de nuestros jóvenes es simple “movilidad exterior”, y que se trata a su juicio de un fenómeno extraordinariamente positivo.

  • Exhibe la misma desfachatez el Sr. Montoro, al decir que los salarios “suben moderadamente”, cuando están bajando incluso en términos nominales según las cifras de su propio ministerio.

  • El mismo Sr. Montoro nos informa de que la limpieza ideológica que está llevando a cabo en la Agencia Tributaria es una simple “reorganización técnica”.

  • El Presidente de la Comunidad de Madrid, el Sr. González, es otro notable experto en el secuestro del lenguaje cuando llama “copago” a pagar dos veces por los medicamentos y otros servicios sanitarios, o emplea el término “externalización” para referirse a la descarada privatización que está llevando a cabo en esos mismos servicios.

  • Es ya un clásico de YouTube la gloriosa intervención de de Cospedal sobre el “finiquito diferido en forma de simulación” para definir el contrato laboral que el PP mantuvo con su tesorero el Sr. Bárcenas hasta enero de 2013.

  • Claro que la cúspide de la organización, el Sr. Rajoy, va marcando la pauta cuando llama “colaboración con la justicia” a un registro judicial en la sede de su partido, llevado a cabo precisamente por falta de colaboración con dicha justicia. O cuando emplea los términos “ajustes” y “reformas estructurales” para referirse a los recortes de su gobierno.

 

 

Esta abundancia de eufemismos configura un lenguaje cínico y trilero con el que pretenden disfrazar sus verdaderas intenciones. Desde luego saben que no van a confundir a las personas bien informadas ni a la oposición. Pero cuentan con la desinformación de mucha más gente, gente que no está todo el día pendiente de la política y que tan solo percibe el “rumor de fondo” de la misma. Es a estos a los que pretenden engañar, siguiendo el Principio de Orquestación de Goebbels:La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras, ni dudas. Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad”. O el Principio de Vulgarización del mismo autor: “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”. No es difícil reconocer muchas de estas técnicas propagandísticas en la estrategia de comunicación del Partido Popular. Con ello, sin duda convierten la política en un cenagal y alejan de ella a muchas personas bien intencionadas, lo cual es también parte de la estrategia. La derecha española no tiene empacho en cambiar de posición cuando le parece conveniente (recordemos las desaforadas críticas a Zapatero cuando subió el IVA un punto o congeló las pensiones, y la defensa de subidas y recortes mucho más drásticos un año más tarde), o de prometer una cosa y hacer la contraria, como hicieron con su programa electoral. Nada importa si se trata de alcanzar el poder, o de conservarlo. En este sentido la cúpula del PP está formada por peligrosos marxistas, versión Groucho Marx: “señora, estos son mis principios, pero no se preocupe, si no le gustan, tengo otros”.

 

 

Y sin embargo, hay algo de positivo en este comportamiento: la manifiesta inferioridad moral de la derecha. En pura teoría, derecha e izquierda defienden modelos de sociedad diferentes aunque igualmente respetables, y ambos podrían ser argumentados en público sin merma alguna de dignidad. Pero lo que vemos no es eso: cuando la derecha impone sus políticas privatizadoras e individualistas (en esencia, que “cada palo que aguante su vela” y se pague lo suyo), no las defiende con la convicción que cabría esperar, sino que las disfraza. Recortan inmisericordemente el Estado del Bienestar pero el discurso público que hacen es de que lo defienden. Sus actos son siempre vergonzantes. La izquierda en cambio exhibe sus principios de solidaridad, de igualdad de oportunidades, y de justicia social, sin problema alguno. Los defiende en público esté en la oposición o en el gobierno. No cambia el discurso a conveniencia. Y la razón es muy sencilla: porque nuestros principios son superiores moralmente y entroncan fácilmente con las aspiraciones históricas de los seres humanos. La historia de la humanidad es una larga lucha por la libertad, la justicia social y la igualdad de derechos, por liberar a las personas de los yugos económicos y políticos que las esclavizan. Y los principios de la izquierda van en esa dirección, mientras que los de la derecha van en sentido contrario, o al menos en detener ese avance. A la luz de estas reflexiones, los términos “retrógrado”, “conservador” y “progresista” cobran un perfecto sentido. Es debido a la inferioridad moral de sus principios que la derecha estará condenada eternamente a esconder en el lenguaje sus verdaderas intenciones y a ser trilera: “vean señores, un, dos, tres, ¿donde está la bolita?”

 

 

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

 

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