Archivo mensual: diciembre 2013

Un respeto al funcionario

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En los últimos tiempos se suceden los ataques a los funcionarios por parte de destacados dirigentes de la derecha. Primero en el ámbito educativo, con aquellas memorables palabras de Esperanza Aguirre afirmando que los profesores de enseñanza media solo trabajaban veinte horas. Más adelante, con el informe Wert para la reforma de la Universidad, el cual recomendaba dejar los cuerpos de funcionarios a extinguir y crear figuras contratadas para todas las categorías del profesorado. Y más recientemente, las declaraciones de Fernández-Lasquetty, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, recomendando sustituir el carácter funcionarial de los médicos públicos por el de profesionales contratados.

 

 

En todos los casos los argumentos son los mismos: la supuesta falta de motivación de los funcionarios en comparación con el contratado laboral, la supuesta dificultad para responsabilizarles de sus incumplimientos, el que aparentemente se acomodan a la seguridad de sus puestos y no tienen estímulos para mejorar, que son más caros, más ineficientes, menos flexibles, etc..

 

 

Curiosamente, los ataques provienen en muchas ocasiones de personas que han vivido constantemente del erario público y sin someterse ni una sola vez a una prueba competitiva. Es sin duda el caso del Sr. Lasquetty, que proviene de las Nuevas Generaciones del PP y que desde que cumplió los 24 años ha tenido todo tipo de cargos de designación directa en el Ayuntamiento de Madrid, en el Senado y el Parlamento españoles, y en la Comunidad de Madrid, a la sombra de la Sra. Aguirre y del Sr. Aznar. Sus únicos méritos conocidos han sido pertenecer al PP y caerle bien a los jefes.

 

 

Los funcionarios aparecen en la Edad Moderna, cuando la gestión del Estado empieza a hacerse más compleja y necesita de profesionales bien preparados. Pero es en el siglo XIX cuando su estatuto se hace más similar al actual. El funcionario sólo le debe lealtad al Estado y no a los partidos políticos. Es el guardián de la Ley. Su inamovilidad es una protección para que pueda ejercer su labor de forma independiente y sea capaz de resistirse a las presiones del poder. En España eran famosas las cesantías durante la época de los gobiernos conservadores y liberales: cada vez que cambiaba el gobierno de turno, los funcionarios eran cesados y sustituidos por los del partido entrante. Ello daba lugar a tupidas redes clientelares, a una inmensa corrupción y a una enorme sangría de los recursos públicos. El Estatuto de inamovilidad es de 1918, y fue impulsado entre otros por el regeneracionista Antonio Maura.

 

 

Las características del funcionario de carrera son: (1) un sistema de selección objetiva mediante un concurso u oposición públicas, en base a mérito y capacidad demostradas; (2) no pueden ser cesados salvo por causas tasadas y mediante procedimientos con garantías; y (3) normalmente se les exige dedicación a tiempo completo y se les ponen fuertes restricciones para compatibilizar su trabajo con otros de la esfera privada.

 

 

Todas estas restricciones y garantías tienen un único fin: blindar al funcionario frente a las arbitrariedades del poder. Así, el docente funcionario tiene libertad de cátedra, que no es sino una protección para impartir su saber sin someterse a condicionamientos o presiones ideológicas. El médico funcionario puede plantar cara al político, si este le exige recortar indebidamente las prestaciones. Y el técnico de urbanismo puede negarse a las operaciones ilegales exigidas por el concejal corrupto. Y pueden hacerlo porque sus puestos de trabajo no dependen de la persona a la que planta cara.

 

 

El reciente escándalo sucedido en la Agencia Tributaria demuestra que estas presiones no son teóricas. Una inspectora se niega a condonar una multa millonaria a una empresa y el Director General (puesto de designación directa del Ministro) le exige lo contrario. El resultado es que la funcionaria ha de dimitir de su responsabilidad. Según Carles Casajuana (El País, 5.04.13) es precisamente la escasa presencia de funcionarios de carrera en las administraciones Autonómica y Local, y la sobreabundancia de interinos y contratados, las que han favorecido los numerosos casos de corrupción que se han producido en su seno, en comparación con la escasez de los mismos en la Administración Central del Estado.

 

 

Los mismos que critican la existencia misma de los funcionarios son los que llenan los ayuntamientos y administraciones autonómicas de “asesores” pagados con el erario público y nombrados a dedo. A principios de 2013, el Ayuntamiento de Madrid tenía 229 cargos de confianza, 176 de los cuales estaban al servicio del Partido Popular. El coste de los mismos fue de 10,3 millones (el doble de lo que el ayuntamiento dedica a combatir el paro), lo que arroja una retribución media de 45.000 euros anuales (El País, 20.01.13). El caso más conocido es el de Angel Carromero, personaje sin titulación alguna y que recibía un sueldo de 50.000 euros a sus 27 años. Por supuesto no todos son así, pero tal abundancia de “asesores”, y el hecho de que muchas veces sus méritos son simplemente pertenecer al partido que los nombra, o ser familiar de algún cargo electo, hace recordar demasiado a las redes clientelares y cesantías del siglo XIX español. Estas personas, ni son funcionarios, ni son electos, y sin embargo hacen funciones de ambos tipos, entrando frecuentemente en conflicto con los verdaderos funcionarios. Desde luego son más “flexibles” (y también mucho más dóciles) que los funcionarios, puesto que pueden ser cesados inmediatamente, pero ni son más eficientes, ni más baratos que aquellos.

 

 

Los funcionarios son garantía de independencia y la lucha contra la corrupción necesita una imperiosa reforma de las administraciones autonómicas y locales que vaya en el sentido de aumentar la profesionalidad de las plantillas y de dejar reducidos a muy pocos los puestos de libre designación. Cuanto más funcionarios de carrera haya, seleccionados en base a mérito y capacidad, más competente y más garante de la legalidad será la administración. Si los partidos necesitan asesores, que los contraten con cargo al partido. Sería más transparente para todos que los grupos recibieran una subvención para personal de apoyo (como sucede en el Parlamento Europeo) y estos contrataran libremente a su personal. Dicha subvención sería conocida y limitada. En ningún caso deberían contar con un sueldo público como sucede ahora, sueldo muchas veces discrecional y opaco, y con un número ilimitado de beneficiarios.

 

 

Debemos recelar de la crítica al funcionario. Detrás de ella, asoma de nuevo las orejas el ultraliberalismo conservador, que lo único que pretende es la desregulación, la ausencia de todo control. Cuanto más arbitrario y “flexible” sea todo, tanto mejor para sus negocios. Y si alguien se niega a colaborar, se le despide y a otra cosa. La izquierda ha de estar atenta. Cuando los lobos hablan de eficiencia, de rentabilidad y de flexibilidad, lo que quieren es más carne fresca para su insaciable apetito. Y que no les molestemos mientras perpetran sus fechorías. Así que, más y mejores funcionarios, por supuesto que sí, y un respeto para ellos Sr. Lasquetty. Ellos se lo han ganado, usted no.

 

 

 

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

 

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