¡Busquen los recursos de una vez!

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El Gobierno del Partido Popular viene haciendo recortes en el gasto público desde el primer día en que tomó posesión del BOE. No hay partida pública que no haya sufrido una drástica disminución. Comenzó por la educación y la sanidad, continuó por la ayuda a la dependencia, a la que hizo desaparecer en la práctica, y se ensañó con la I+D, a la que recortó un 40% en dos años. Y no pierde el tiempo. En este momento ya tiene preparados los proyectos de ley contra los dos últimos objetivos que quedaban sin tocar: el sistema de pensiones y los servicios asistenciales que prestan los ayuntamientos. En el primer caso quiere expropiar a los pensionistas 33.000 millones en los próximos cinco años, y en el segundo, quiere suprimir directamente estos servicios y ahorrarse 8.000 millones. Ya ha empezado decretando que en 2014 las pensiones no se revaloricen con el IPC. Su valor nominal subirá un 0,25% (es decir, dos euros y medio por cada mil), con lo que su pérdida de poder adquisitivo está garantizada.

 

 

Lo más indignante de todo es el discurso oficial con el que pretenden justificar esta agresión generalizada al (por otra parte moderado) Estado del Bienestar del que disfrutábamos antes de comenzar la crisis. Los argumentos utilizados son más o menos los siguientes:

 

 

  • El Gobierno ha de cumplir los objetivos de déficit público marcados por la UE

  • Los ingresos del Estado han disminuido como consecuencia de la crisis

  • Se pretenden eliminar ineficiencias y duplicidades en los sistemas públicos

  • Los recortes se hacen precisamente para hacer sostenibles y defender dichos sistemas

  • Los salarios no han bajado, sino que suben moderadamente (Montoro dixit)

  • Las pensiones no bajan, sino que se revalorizan gracias a este Gobierno (Bañez dixit)

 

 

Lo malo es que, si desde la oposición no empleamos las energías suficientes para desmontarlo, este discurso termina calando en muchos ciudadanos. Muchas personas aceptan los recortes con resignación porque los consideran una consecuencia inevitable de la crisis. Se han creído en parte aquello de que “vivíamos por encima de nuestras posibilidades”. Quizás, si lográramos convencerles de que las cosas no son como nos las pintan desde el Gobierno, y de que aún dentro de la crisis, hay otras políticas posibles, esas personas serían más propensas a salir de su escepticismo y a luchar contra las restricciones que nos imponen.

 

 

Es cierto que las políticas conservadoras (y profundamente equivocadas) que se dictan desde las autoridades europeas, con Alemania a la cabeza, dejan un estrecho margen de actuación a los gobiernos de los países endeudados como el nuestro. Pero aun siendo estrecho, hay otras políticas alternativas a la del simple y cruel recorte de los servicios públicos. Detrás de esos recortes está la vida, la salud y la igualdad de oportunidades de muchos millones de personas. Detrás de cada copago sanitario, de cada mes de retraso en las listas de espera, de cada mamografía no realizada a tiempo, de cada subidas de tasas, de cada beca suprimida, hay personas que ven mermadas sus posibilidades de supervivencia, o de abrirse paso en la vida mediante una educación digna.

 

 

Empezando por el déficit público, este es el resultado de una resta entre los ingresos y los gastos. Para reducirlo, se pueden reducir los gastos, como hace este gobierno, o aumentar los ingresos, de lo cual, siempre que se plantea, no quiere ni oír hablar. España recauda en impuestos y cotizaciones sociales 9 puntos menos de PIB (90.000 millones) que la media europea (35% frente a 44%), y el gasto público es de 6 puntos menos que ésta (43% frente a 49%). Un enfoque racional y no ideológico del problema del déficit, pondría lógicamente el énfasis en acercar nuestros ingresos a los de la media europea. Si recuperásemos esos nueve puntos, el déficit se convertiría en un superávit de un punto.

 

 

Siguiendo con la no sostenibilidad de los sistemas públicos, España gasta 1 punto menos de PIB en educación que la media de la OCDE (4,1% frente a 5,2%) y 3 puntos menos de PIB en pensiones que ésta (9% frente a 12%). Es decir, en lugar de robarles 33.000 millones a los pensionistas, el Estado todavía podría aportar 30.000 millones más al sistema y estaríamos simplemente en la media europea. España siempre ha estado por debajo de la media europea en inversión en I+D. Tras los últimos recortes y la bajada de la inversión privada, dicha inversión rondará el 1,2% del PIB, frente al 2,3% de media en la UE. Países como Finlandia o Suecia, invierten un 4%. Alemania un 3%. De nuevo queda claro que España gasta bastante menos que la media europea en cualquiera de los servicios mencionados. Cualquier mente racional, no imbuida de axiomas ideológicos neoliberales, evitaría seguir disminuyendo el gasto público, so pena de convertir nuestro país en una sucursal de Africa, en lo que a la calidad de sus servicios se refiere.

 

 

La recaudación en España procede en un 90% de las rentas del trabajo, del IVA, y de los impuestos especiales. El peso del impuesto de sociedades en la recaudación total ha bajado drásticamente en los años de crisis. En 2012, las empresas tributaron en promedio en 2012 un 3,5% de los beneficios, cuando el tipo nominal es del 30%. Simplemente tributando al 20%, el sistema fiscal ingresaría entre 15.000 y 20.000 millones más cada año. La razón de esta bajísima tributación es la maraña de desgravaciones y exenciones que nuestro sistema legal permite y ampara. Por otro lado, el fraude fiscal se estima en 25 puntos de PIB. Si no existiera fraude, el Estado ingresaría 70.000 u 80.000 millones más cada año, 8 puntos de PIB. Los mayores defraudadores son las grandes empresas. En España, los grandes patrimonios no tributan, y el llamado impuesto sobre el patrimonio, que grava fundamentalmente a las clases medias, apenas recauda unos cientos de millones en las comunidades autónomas que lo tienen. Todo esto explica que, a la vez que un 27% de la población está ya por debajo del umbral de pobreza, el número de fortunas millonarias creció en 2012 en el 13%. La desigualdad ha avanzado a pasos de gigante en estos dos años.

 

 

El panorama es desolador. Los ricos y las grandes empresas se han “independizado” del país y no contribuyen al bienestar común. Han roto el pacto interclasista en que se basaban las sociedades modernas a partir de la II Guerra Mundial. La solidaridad de nuestro sistema fiscal se reduce a la de las clases medias con las clases desfavorecidas. En tanto que las clases altas viven su vida de lujo sin importarles la miseria creciente del resto. Sin siquiera contribuir en muchos casos con lo que les correspondería legalmente. En definitiva, la crisis la estamos soportando todos menos estas capas sociales. Ninguna medida del Partido Popular ha intentado cambiar este estado de cosas. Antes al contrario, como consecuencia de la congelación de empleos públicos, han disminuido los ya escasos recursos humanos dedicados a combatir el fraude fiscal. También han aprobado una amnistía fiscal. Han subido el IVA, que todos pagamos por igual. Han endeudado al país en 40.000 millones (4 puntos de PIB) para rescatar a los bancos en crisis, de los cuales 37.000 se dan ya por perdidos. Es decir, mientras que aparentemente no hay recursos para sostener el bienestar de la mayoría, si los hay para reflotar una banca privada que se enriqueció sin límites durante los años de bonanza. Todo ello para mayor beneficio de los bancos alemanes, acreedores de los nuestros. La política conservadora europea y española se resume en que los beneficios privados son sagrados, en tanto que las pérdidas privadas, debidas a riesgos que ellos decidieron correr, las pagamos entre todos.

 

 

Por eso, ha llegado la hora de desenmascarar el discurso oficial y de exigir que dejen ya de expoliarnos con la excusa de la crisis. Recursos hay, pero no llegan al circuito público porque así lo ha decidido el Gobierno. No quieren buscarlos donde están porque eso supondría disminuir, aunque sea mínimamente, los privilegios de su clase social, incluidos ellos mismos. Y de eso no quieren ni oír hablar. Les tiembla la mano ante los suyos, pero no les tiembla para robarles a millones de jubilados el bienestar que se han ganado con su trabajo.

 

 

Y por favor, basta de mentiras. Si quieren recortar las pensiones para dar negocio a las aseguradoras y a los bancos con los planes de pensiones privados, díganlo de frente. Si quieren promover la privatización o la supresión de los servicios municipales, arguméntenlo si pueden. Si quieren disminuir el peso de la educación y sanidad públicas para dar negocio a las universidades y empresas privadas, asuman el coste político de hacerlo. Pero no nos digan al tiempo que es para mejorar su calidad, o para hacerlas sostenibles.

 

 

 

No nos traten como menores de edad, porque la sociedad española ya no se deja manipular o amordazar como en los añorados (por algunos) viejos tiempos franquistas. Busquen los recursos allí donde están, porque haberlos, haylos. Solo tienen que mirar en sus cuentas corrientes y en las de sus amigos.

 

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

 

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