Archivo mensual: octubre 2013

¡Busquen los recursos de una vez!

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El Gobierno del Partido Popular viene haciendo recortes en el gasto público desde el primer día en que tomó posesión del BOE. No hay partida pública que no haya sufrido una drástica disminución. Comenzó por la educación y la sanidad, continuó por la ayuda a la dependencia, a la que hizo desaparecer en la práctica, y se ensañó con la I+D, a la que recortó un 40% en dos años. Y no pierde el tiempo. En este momento ya tiene preparados los proyectos de ley contra los dos últimos objetivos que quedaban sin tocar: el sistema de pensiones y los servicios asistenciales que prestan los ayuntamientos. En el primer caso quiere expropiar a los pensionistas 33.000 millones en los próximos cinco años, y en el segundo, quiere suprimir directamente estos servicios y ahorrarse 8.000 millones. Ya ha empezado decretando que en 2014 las pensiones no se revaloricen con el IPC. Su valor nominal subirá un 0,25% (es decir, dos euros y medio por cada mil), con lo que su pérdida de poder adquisitivo está garantizada.

 

 

Lo más indignante de todo es el discurso oficial con el que pretenden justificar esta agresión generalizada al (por otra parte moderado) Estado del Bienestar del que disfrutábamos antes de comenzar la crisis. Los argumentos utilizados son más o menos los siguientes:

 

 

  • El Gobierno ha de cumplir los objetivos de déficit público marcados por la UE

  • Los ingresos del Estado han disminuido como consecuencia de la crisis

  • Se pretenden eliminar ineficiencias y duplicidades en los sistemas públicos

  • Los recortes se hacen precisamente para hacer sostenibles y defender dichos sistemas

  • Los salarios no han bajado, sino que suben moderadamente (Montoro dixit)

  • Las pensiones no bajan, sino que se revalorizan gracias a este Gobierno (Bañez dixit)

 

 

Lo malo es que, si desde la oposición no empleamos las energías suficientes para desmontarlo, este discurso termina calando en muchos ciudadanos. Muchas personas aceptan los recortes con resignación porque los consideran una consecuencia inevitable de la crisis. Se han creído en parte aquello de que “vivíamos por encima de nuestras posibilidades”. Quizás, si lográramos convencerles de que las cosas no son como nos las pintan desde el Gobierno, y de que aún dentro de la crisis, hay otras políticas posibles, esas personas serían más propensas a salir de su escepticismo y a luchar contra las restricciones que nos imponen.

 

 

Es cierto que las políticas conservadoras (y profundamente equivocadas) que se dictan desde las autoridades europeas, con Alemania a la cabeza, dejan un estrecho margen de actuación a los gobiernos de los países endeudados como el nuestro. Pero aun siendo estrecho, hay otras políticas alternativas a la del simple y cruel recorte de los servicios públicos. Detrás de esos recortes está la vida, la salud y la igualdad de oportunidades de muchos millones de personas. Detrás de cada copago sanitario, de cada mes de retraso en las listas de espera, de cada mamografía no realizada a tiempo, de cada subidas de tasas, de cada beca suprimida, hay personas que ven mermadas sus posibilidades de supervivencia, o de abrirse paso en la vida mediante una educación digna.

 

 

Empezando por el déficit público, este es el resultado de una resta entre los ingresos y los gastos. Para reducirlo, se pueden reducir los gastos, como hace este gobierno, o aumentar los ingresos, de lo cual, siempre que se plantea, no quiere ni oír hablar. España recauda en impuestos y cotizaciones sociales 9 puntos menos de PIB (90.000 millones) que la media europea (35% frente a 44%), y el gasto público es de 6 puntos menos que ésta (43% frente a 49%). Un enfoque racional y no ideológico del problema del déficit, pondría lógicamente el énfasis en acercar nuestros ingresos a los de la media europea. Si recuperásemos esos nueve puntos, el déficit se convertiría en un superávit de un punto.

 

 

Siguiendo con la no sostenibilidad de los sistemas públicos, España gasta 1 punto menos de PIB en educación que la media de la OCDE (4,1% frente a 5,2%) y 3 puntos menos de PIB en pensiones que ésta (9% frente a 12%). Es decir, en lugar de robarles 33.000 millones a los pensionistas, el Estado todavía podría aportar 30.000 millones más al sistema y estaríamos simplemente en la media europea. España siempre ha estado por debajo de la media europea en inversión en I+D. Tras los últimos recortes y la bajada de la inversión privada, dicha inversión rondará el 1,2% del PIB, frente al 2,3% de media en la UE. Países como Finlandia o Suecia, invierten un 4%. Alemania un 3%. De nuevo queda claro que España gasta bastante menos que la media europea en cualquiera de los servicios mencionados. Cualquier mente racional, no imbuida de axiomas ideológicos neoliberales, evitaría seguir disminuyendo el gasto público, so pena de convertir nuestro país en una sucursal de Africa, en lo que a la calidad de sus servicios se refiere.

 

 

La recaudación en España procede en un 90% de las rentas del trabajo, del IVA, y de los impuestos especiales. El peso del impuesto de sociedades en la recaudación total ha bajado drásticamente en los años de crisis. En 2012, las empresas tributaron en promedio en 2012 un 3,5% de los beneficios, cuando el tipo nominal es del 30%. Simplemente tributando al 20%, el sistema fiscal ingresaría entre 15.000 y 20.000 millones más cada año. La razón de esta bajísima tributación es la maraña de desgravaciones y exenciones que nuestro sistema legal permite y ampara. Por otro lado, el fraude fiscal se estima en 25 puntos de PIB. Si no existiera fraude, el Estado ingresaría 70.000 u 80.000 millones más cada año, 8 puntos de PIB. Los mayores defraudadores son las grandes empresas. En España, los grandes patrimonios no tributan, y el llamado impuesto sobre el patrimonio, que grava fundamentalmente a las clases medias, apenas recauda unos cientos de millones en las comunidades autónomas que lo tienen. Todo esto explica que, a la vez que un 27% de la población está ya por debajo del umbral de pobreza, el número de fortunas millonarias creció en 2012 en el 13%. La desigualdad ha avanzado a pasos de gigante en estos dos años.

 

 

El panorama es desolador. Los ricos y las grandes empresas se han “independizado” del país y no contribuyen al bienestar común. Han roto el pacto interclasista en que se basaban las sociedades modernas a partir de la II Guerra Mundial. La solidaridad de nuestro sistema fiscal se reduce a la de las clases medias con las clases desfavorecidas. En tanto que las clases altas viven su vida de lujo sin importarles la miseria creciente del resto. Sin siquiera contribuir en muchos casos con lo que les correspondería legalmente. En definitiva, la crisis la estamos soportando todos menos estas capas sociales. Ninguna medida del Partido Popular ha intentado cambiar este estado de cosas. Antes al contrario, como consecuencia de la congelación de empleos públicos, han disminuido los ya escasos recursos humanos dedicados a combatir el fraude fiscal. También han aprobado una amnistía fiscal. Han subido el IVA, que todos pagamos por igual. Han endeudado al país en 40.000 millones (4 puntos de PIB) para rescatar a los bancos en crisis, de los cuales 37.000 se dan ya por perdidos. Es decir, mientras que aparentemente no hay recursos para sostener el bienestar de la mayoría, si los hay para reflotar una banca privada que se enriqueció sin límites durante los años de bonanza. Todo ello para mayor beneficio de los bancos alemanes, acreedores de los nuestros. La política conservadora europea y española se resume en que los beneficios privados son sagrados, en tanto que las pérdidas privadas, debidas a riesgos que ellos decidieron correr, las pagamos entre todos.

 

 

Por eso, ha llegado la hora de desenmascarar el discurso oficial y de exigir que dejen ya de expoliarnos con la excusa de la crisis. Recursos hay, pero no llegan al circuito público porque así lo ha decidido el Gobierno. No quieren buscarlos donde están porque eso supondría disminuir, aunque sea mínimamente, los privilegios de su clase social, incluidos ellos mismos. Y de eso no quieren ni oír hablar. Les tiembla la mano ante los suyos, pero no les tiembla para robarles a millones de jubilados el bienestar que se han ganado con su trabajo.

 

 

Y por favor, basta de mentiras. Si quieren recortar las pensiones para dar negocio a las aseguradoras y a los bancos con los planes de pensiones privados, díganlo de frente. Si quieren promover la privatización o la supresión de los servicios municipales, arguméntenlo si pueden. Si quieren disminuir el peso de la educación y sanidad públicas para dar negocio a las universidades y empresas privadas, asuman el coste político de hacerlo. Pero no nos digan al tiempo que es para mejorar su calidad, o para hacerlas sostenibles.

 

 

 

No nos traten como menores de edad, porque la sociedad española ya no se deja manipular o amordazar como en los añorados (por algunos) viejos tiempos franquistas. Busquen los recursos allí donde están, porque haberlos, haylos. Solo tienen que mirar en sus cuentas corrientes y en las de sus amigos.

 

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

 

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¿Qué se hizo de la lucha de clases?

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Este término procede de la teoría marxista, y si preguntamos a nuestros conocidos y compañeros de trabajo, especialmente si se declaran “apolíticos”, muchos afirmarán que es un término obsoleto y que hoy en día no es aplicable. Ahora, asegurarán, lo que prima es la capacidad técnica, la mayor o menor eficacia en la gestión de lo público. Los más osados dirán también que los calificativos “izquierdas” y “derechas” ya no se llevan, que ya no hay obreros, que el término partido obrero está anticuado y que las diferencias entre unos partidos y otros son de matiz.

 

 

La larga crisis que padecemos está desmontando rápidamente este discurso, y cualquier observador no cegado por la ideología puede apreciar cuáles han sido las prioridades de unos y otros partidos ante la crisis. Pero mi interés en estas líneas es preguntarme si realmente sigue habiendo lucha de clases en la acepción marxista del concepto.

 

 

Según Marx y Engels, la primera lucha de clases fue la rebelión de los esclavos contra la República de Roma. La mayor parte de los bienes y servicios eran producidos por ellos, y sólo la dominación mediante la extrema violencia lograba que esta clase social fuera explotada en beneficio de los llamados ciudadanos libres. La democracia griega y romana tan solo alcanzaban a estos últimos. Algo parecido sucedió en la Edad Media, donde el poder político, militar y judicial estaba en manos de los reyes y los nobles. De nuevo, los que producían la riqueza, los siervos de la gleba, recibían una mínima parte de ella. La mayor parte de su trabajo iba a alimentar las lujosas formas de vida de una clase improductiva, la nobleza. Sus derechos eran mínimos, hasta el punto de que eran comprados y vendidos con la tierra. La revolución francesa sería la expresión de la lucha de esas clases oprimidas, que en ese momento no solo eran los que cultivaban la tierra, sino tambień la cada vez más poderosa burguesía que había ido creciendo en riqueza desde el Renacimiento y a la que el modo de organización feudal le suponía un insoportable corsé. El marxismo deducía de esta secuencia histórica que, de igual modo, los asalariados se rebelarían un día contra el capital y acabarían con su explotación, instaurando una sociedad sin clases, tras un periodo regido por una dictadura del proletariado, al que llamó “socialismo”.

 

 

Lo que no previó Marx fue que la revolución burguesa también trajo la democracia y que esta había llegado para quedarse. A pesar de que la dominación del capital se ejerció frecuentemente durante los siglos XIX y XX mediante dictaduras, algunas tan crueles como los regímenes fascistas de la Europa de los años treinta, a la larga la democracia siempre volvió. Una vez probada esta forma de gobierno, los pueblos civilizados no se resignaban a vivir de otro modo. Las dictaduras comunistas, supuestamente ejercidas en nombre del pueblo, también siguieron el mismo camino y la democracia regresó a esos países. A pesar de retrocesos ocasionales, podemos afirmar que la democracia ha avanzado en el mundo durante el siglo XX. No solo por el número de países incorporados a ella sino también por la evolución de las formas democráticas dentro de cada país. Inicialmente fueron censitarias, en las que tan solo votaba una parte de la población a partir de un nivel de renta. También al principio solo fueron masculinas. Hoy casi todas las democracias se basan en el voto universal e igual para todos, sin ninguna otra distinción.

 

 

Pero, ¿democracia es sinónimo de ausencia de explotación? Si se prefiere, podemos obviar esa palabra por sus reminiscencias marxistas. Pero si la sustituimos por “apropiación abusiva de rentas”, podemos decir que no solo no ha desaparecido sino que se ha agravado en las sociedades modernas. Lo que ocurre es que hoy esa apropiación se ejerce de un modo más sutil, respetando en muchos casos las reglas democráticas. Tampoco hay una sola clase explotada, es decir víctima de la apropiación abusiva, ya que a los obreros asalariados hay que sumar los funcionarios, los pequeños empresarios, los comerciantes, los profesionales libres, etc., que son los que generan la práctica totalidad de la riqueza.

 

 

La clase que hoy ejerce la apropiación abusiva se concentra en el sistema financiero. Este sistema surgió inicialmente para canalizar el ahorro hacia las inversiones productivas, en la época en que el capitalismo era fundamentalmente industrial. Pero esta clase ha evolucionado hasta hacerse con el control total del sistema capitalista y hoy sirve sobre todo a sus propios intereses. La crisis que hoy padecemos tiene su origen en los abusos de esa clase financiera. Con un par de clics del ratón del ordenador, individuos de esa clase mueven miles de millones de dólares instantáneamente, alteran el precio de las materias primas y de los alimentos básicos, y hacen subir y bajar el precio de las deudas soberanas a su conveniencia. Los estados han de pagar cuantiosos intereses por sus abultadas deudas a costa de recortar el nivel de vida de sus ciudadanos. Podríamos decir que hoy la apropiación abusiva se ejerce a nivel planetario.

 

 

Pero hay más formas de apropiación abusiva, en parte derivadas de la anterior: no otra cosa son los sueldos desorbitados y las jubilaciones blindadas de los ejecutivos bancarios, cuya cuantía depende de cómo de bien se presten al juego de casino en que se ha convertido una parte del negocio financiero. Y bajando progresivamente en la escala, tenemos a los que especularon con el suelo y la burbuja inmobiliaria, a los políticos que se corrompieron en ese juego, a las empresas que corrompieron a los políticos, y así sucesivamente. Y a escala más local, tenemos las privatizaciones de hospitales y de otros servicios, y las puertas giratorias, diseñadas ambas para que se enriquezcan algunas empresas y algunos políticos a costa de los impuestos de todos y de la degradación de esos mismos servicios. Y muchas prácticas legales, y todas las prácticas corruptas, que esquilman el erario público, bien detrayendo recursos del mismo, bien no ingresando los tributos debidos. La realidad es que nos están robando a todos los que ejercemos nuestro trabajo de forma honrada y pagamos los impuestos que nos corresponden. Todo ello configura una amplia clase ociosa, que no produce nada, y que tan solo se aprovecha de las instituciones y de los resquicios que deja la democracia para apropiarse de las rentas que otros generan con gran sacrificio.

 

 

No ha cambiado pues la esencia de la lucha de clases, tan solo han cambiado las formas. Parece por tanto que en toda época histórica ha habido grupos sociales que se han aprovechado del trabajo de la mayoría de la sociedad. Inicialmente ejerciendo la violencia, después otorgando un salario miserable a cambio del trabajo de otros, y finalmente atesorando un capital con el que manejar los ahorros muchos miles de ciudadanos a través de la especulación y la información privilegiada, o bien explotando las lagunas del sistema democrático.

 

 

La ventaja frente a otras épocas es que ahora la mayoría tenemos la palanca con la que corregir estos abusos sin necesidad de violencia. Y la palanca se llama democracia, se llama política. Los abusos se producen allí donde no llega la política, allí donde no llega la transparencia, donde no llega el control democrático. Lo que necesitamos es más democracia, más política, más control ciudadano. Y no solo a nivel local, sino también a nivel global, pues la regulación financiera escapa a las posibilidades de un solo país. Tan solo tenemos que darnos cuenta de cuáles son los partidos que juegan a favor del oscurantismo, de la falta de control, en definitiva de que se sigan enriqueciendo los abusadores, y de cuáles son los partidos que pretenden lo contrario. Una vez comprendido, es fácil.

 

Ricardo Peña, Secretario General de ASU-PSM

 

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