¿Qué es el pacto fiscal?

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Después de la gran manifestación pro independencia de la Diada, se han intensificado las voces que reclaman un pacto fiscal para Cataluña. Según sus defensores, Cataluña deja de percibir entre 11.000 y 16.000 millones de Euros cada año debido a su “balanza fiscal” negativa. Pero, ¿en qué consiste exactamente el pacto fiscal?: en esencia, en que la recaudación de impuestos la realice el Gobierno catalán y luego pague un cupo al Estado central, de modo similar a como se hace en los conciertos vasco y navarro.

El sistema actual de financiación autonómica (exceptuando al País Vasco y Navarra) consiste en esencia en que el Estado central recauda impuestos de todos los contribuyentes, asigna a la financiación autonómica los porcentajes que le corresponden por IRPF, IVA, impuestos especiales, etc., y después reparte esa partida entre las comunidades, en base fundamentalmente a su población. De este modo se garantiza que todos los ciudadanos reciben aproximadamente la misma financiación para los servicios prestados por la comunidad. Cuatro quintas partes de la misma se destinan a educación y sanidad.

Si se hacen los cálculos por territorios, y debido a que la distribución de la riqueza no es uniforme, resulta que Madrid, Baleares y Cataluña, las tres comunidades más ricas, aportan per cápita respectivamente un 41%, 23% y 20% más que la media, mientras que Canarias, Extremadura y Castilla la Mancha, las tres más pobres, aportan respectivamente un 59%, 28% y 18% menos que la media. Es decir, el abanico de riqueza va de 0,41 a 1,41, o más claramente, de 1 a 3,4. Si cada territorio se financiara exclusivamente con los impuestos de las personas que habitan en él, los canarios tendrían una educación y una sanidad tres veces y media peores que la de los madrileños. Por eso se habla de solidaridad interterritorial, porque aparentemente los territorios ricos contribuyen al bienestar de los menos favorecidos. Digo aparentemente porque en realidad son las personas, y no los territorios, las que contribuyen con sus impuestos a financiar los servicios comunes, y pagan más las que más tienen como así debe ser en un Estado moderno y de economía social como España. En otras palabras, también los ricos de Extremadura financian a los pobres de Cataluña.

El reparto por comunidades es un tanto arbitrario, y tras el mismo se dan fenómenos extraños por los que unas comunidades suben en el ranking, otras bajan, y otras permanecen. Por ejemplo, Madrid pasa de primera comunidad financiadora per cápita a décima perceptora, Cataluña pasa de tercera a octava, en tanto que Extremadura pasa de decimocuarta a tercera. Por eso también se reclama en Cataluña respetar el llamado principio de ordinalidad, según el cual una comunidad no debe cambiar su posición en la escala. Este principo es discutible desde el punto de vista ético (en esencia lo que viene a decir es que el más rico reciba más). Lo que en mi opinión debería ocurrir es que todas recibieran lo mismo per cápita, o con una variabilidad muy pequeña, por ejemplo dentro de un abanico de 1 a 1,1. La escala actual de percepción per cápita va de 1 a 1,4, sin que nadie haya dado una explicación razonable de por qué eso es así.

Reclamar el pacto fiscal es equivalente en mi opinión a desentenderse de que se pertenece a un mismo país. Para ese viaje resultaría más claro reclamar directamente la independencia. Si Cataluña, que aporta aproximadamente un 19% del PIB, se quedara con sus impuestos, automáticamente la financiación del resto bajaría del orden de un 12%. Es decir, los servicios en Cataluña serían un 36% mejores que los del resto de España, lo cual ninguna fuerza progresista debería defender. Curiosamente, no solo es CIU quién lo reclama, sino también fuerzas como ERC e ICV que se dicen de izquierdas.

Finalmente, otro argumento empleado es el de por qué el País Vasco y Navarra lo tienen y Cataluña no. La razón obvia es que la autonomía fiscal de esos territorios formó parte del pacto de la transición y así se estableció en la Constitución. No obstante, estos han de pagar un cupo por los servicios prestados por el Estado. El montante actual de dicho cupo es irrisorio, con lo que de hecho es cierto que esos territorios se quedan con el total de sus impuestos, y puesto que se trata de comunidades ricas, su financiación per cápita es superior a la media. Algún día habrá que discutir si en ese cupo no debería entrar también una parte de contribución a la financiación del resto de comunidades, tal como hacen las restantes comunidades ricas. Afortunadamente, el impacto de dicha sobre-financianción en el resto no es demasiado ya que representan tan solo un 8% del PIB. En cualquier caso, que otros territorios tengan un privilegio no es razón para pedirlo también para el propio. Lo que en todo caso habría que pedir en que dejaran de tenerlo y contribuyeran lo mismo que los demás.

Ricardo Peña Marí, Secretario General de ASU-PSM

 

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