Archivo mensual: junio 2012

La obsolescencia del estatuto ético de la judicatura y el caso Dívar

De unos años para acá muchas profesiones se han autorregulado mediante códigos de conducta que establecen deberes éticos y delimitan el comportamiento deontológicamente aceptable. En el ámbito de la función pública esos deberes éticos están contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público del año 2007 y entre ellos el de austeridad, conforme al cual los funcionarios no pueden utilizar los bienes y recursos públicos es provecho propio o de sus allegados. El incumplimiento de este deber tiene consecuencias disciplinarias, al margen de la existencia o no responsabilidad penal. En el ámbito judicial no existe un régimen tan meridiano, pese a que el propio Tribunal Supremo ha afirmado que “La condición de juez, además de los deberes estrictamente profesionales, impone deberes de carácter ético no susceptibles todos ellos de ser reconducidos a la competencia profesional” (Sentencia del Tribunal Supremo 758/2009, de 26 de noviembre, Ponente J.A. Xiol Ríos). Por eso el problema generado por el Sr.Dívar es una muestra más de que la Justicia está en la “nube” pero no en el concepto tecnológico vigente sino en el sentido de que sigue anclada en paradigmas propios del Siglo XIX. El Tribunal Supremo puede no haber apreciado conducta delictiva, pero el comportamiento de su Presidente y del CGPJ no es éticamente aceptable. Nadie le está enjuiciando desde un punto de vista moral, porque eso chocaría abiertamente con la prohibición constitucional de que existan Tribunales de Honor. Sin embargo, su condición de juez y el cargo desempeñado conllevan una especial exigencia desde la óptica de la ética pública dada su especial auctoritas sobre la sociedad y sus compañeros, concepto acuñado y explicado en profundidad por el profesor Gregorio Peces-Barba. Por este motivo, el Sr.Divar debe presentar su dimisión, si no lo ha hecho a la fecha en que este artículo sea publicado.

 

Daniel B. Entrena Ruiz, Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid

 

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Suprema injusticia

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Así se titula el reciente libro de María Garzón, hija del juez español más respetado fuera de nuestras fronteras y que aquí nuestro Tribunal Supremo, en una operación de acoso y derribo con tres causas simultáneas, aceleradas artificialmente unas y retrasadas otras, dos por prevaricación y una por escuchas ilegales, ha condenado e inhabilitado por once años. La decisión está recurrida al tribunal de Estrasburgo, del que cabe esperar la justicia que aquí no ha habido.

 

El mismo día que se publica esa noticia, aparecen otras dos que completan otras caras de la misma moneda: la puesta en libertad de Francisco Correa, “Don Vito” para los suyos, cabeza de la trama corrupta más amplia y enraizada en nuestras instituciones de la que hayamos tenido noticia en nuestra jóven democracia, y la negativa del Supremo por el momento a admitir a trámite la denuncia por malversación de fondos públicos contra su Presidente Carlos Divar.

 

El ciudadano contempla perplejo cómo, en el caso de Garzón, los plazos se acortan o se alargan sin razón aparente, haciendo que unas causas pasen por delante de otras, y dando la impresión de que se busca obtener un resultado prederminado en un plazo lo más breve posible. La perplejidad aumenta al comprobar que ese mismo tribunal no es capaz de instruir el caso Gürtel, o alguna de sus piezas, tras tres años de investigación y debe poner en libertad al cabecilla de la trama, con grave riesgo de que finalmente escape a la acción de la Justicia. Finalmente el espectáculo dado por el Sr. Divar, manteniéndose en su cargo a toda costa y desprestigiando gravemente las instituciones que preside a pesar de las abrumadoras evidencias en su contra, solo es comparable al peor espectáculo dado por sus compañeros del Supremo y de la Fiscalía tratando de archivar el asunto.

 

Como dice María Garzón, la transición no ha llegado todavía a los estamentos más altos del poder judicial, que siguen anclados en una mezcla de vestigios franquistas, privilegios decimonónicos, tolerancia con los poderes económicos, y espíritu de casta. En definitiva, viven alejados de la realidad, tanto como para no darse cuenta de que los ciudadanos no van a tolerar sus semanas caribeñas en hoteles de lujo a costa de sus impuestos. Esta no es la justicia que un país moderno como España necesita y tarde o temprano tendremos que meter la tijera democrática en esa institución, esta vez sí, para recortar lo superfluo.

 

Ricardo Peña, 13 de Junio de 2012

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